Un nuevo frente en los tribunales se abre para Ángel Ojeda, ex consejero de la Junta de Andalucía y uno de los principales imputados en el escándalo de la formación. Otro juzgado de Sevilla investiga si cometió un delito de fraude de subvenciones al hacer contratos de un día a alumnos en sus empresas a fin de aparentar que cumplía las condiciones de la convocatoria pública y no devolver así ayudas estatales para planes formativos, lo que le habría permitido desviar supuestamente más de 1,4 milones de euros.

Según ha podido confirmar El Independiente en fuentes jurídicas, las diligencias las dirige el Juzgado de Instrucción 4 de Sevilla y las pesquisas policiales corren a cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuyos agentes han tomado declaración en calidad de testigos a antiguos trabajadores del entramado empresarial de Ojeda -el grupo Prescal- en las últimas semanas. El ex consejero no ha sido citado todavía a declarar, según las fuentes.

La investigación tiene su origen en la denuncia formulada en julio de 2015 por la Dirección Especial de Inspección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ante la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid, que dos meses después la trasladó a Sevilla al tener las entidades denunciadas su domicilio fiscal en esta provincia andaluza. El Ministerio Público puso los hechos en conocimiento del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que había imputado un año antes a Ángel Ojeda por prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a sus sociedades para la realización de cursos de formación, pero finalmente la causa recayó en Instrucción 4 al tener continencia propia.

La Inspección de Trabajo cifra en más de 1,4 millones de euros los fondos públicos desviados por Ángel Ojeda, ya imputado por el escándalo de la formación

El presunto fraude detectado por la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social está relacionado con cuatro subvenciones que la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo concedió el 2 de diciembre de 2013 a cuatro entidades controladas por Ojeda -la Fundación de la Formación Profesional para el Empleo (Forpe), la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEA), la Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas) y la Asociación para la Calidad Europea (Inteca)- para financiar planes de formación dirigidos prioritariamente a personas ocupadas y ejecutados entre el 17 de enero y el 16 de junio de 2014. El importe de estas ayudas ascendió a 4.915.068 euros.

De acuerdo con las condiciones de dicha convocatoria, al menos el 60 % de los alumnos tenían que ser trabajadores, condición que debían acreditar al inicio de la formación. Así lo establece el artículo 5.1 de la orden ministerial que regula el subsistema de formación profesional para el empleo y establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

Los inspectores de Trabajo han comprobado que el entramado controlado por el ex consejero andaluz -titular de Hacienda entre 1987 y 1990- puso en marcha un «sistema fraudulento de simulación de relaciones laborales» con el fin de eludir el citado límite a la participación de desempleados en las acciones formativas. Ese mecanismo consistía en la contratación de alumnos parados por parte de sociedades del grupo Prescal durante un solo día, coincidiendo con el inicio del curso para hacer creer que cumplía las condiciones establecidas en la normativa.

Las empresas del ex consejero de Hacienda daban de alta a alumnos el día de inicio de los cursos para aparentar que cumplían los requisitos de la convocatoria

«En ninguno de los casos existió una relación laboral que justificara el alta: ninguno de estos participantes firmó un contrato de trabajo, obtuvo un recibo de salarios, prestó servicios en un centro de trabajo o desarrolló tarea alguna al servicio de la empresa. Las entidades se limitaron a comunicar su alta y baja en la Seguridad Social en la fecha de inicio del curso correspondiente y a comunicar telemáticamente al SEPE [Servicio Estatal de Empleo] la falsa contratación. Muchos de ellos admiten que sabían que su alta en la Seguridad Social sólo se debía a que el cupo de desempleados para el curso ya estaba cubierto. Otros muchos ni siquiera sabían que se les había dado de alta», expone el jefe de la Unidad Especial de colaboración con la Administración de Justicia de la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Uruburu, en el informe remitido a la Fiscalía al apreciar fraude de ley.

Al amparo de las cuatro subvenciones bajo sospecha, Prescal desarrolló acciones formativas de las que se beneficiaron un total de 1.017 alumnos de diversas comunidades autónomas. Con el referido requisito, al menos 610 tendrían que haber sido trabajadores ocupados, condición que sin embargo tan sólo tenían realmente 322 si se excluyen los 294 que fueron dados de alta «de forma ficticia». El porcentaje de ocupados, en verdad, no superó el 32 %.

«Plan preconcebido»

Multiplicando el coste individual por el número de participantes «falsamente ocupados», la Inspección de Trabajo ha cifrado en 1.420.032,94 euros las cantidades desviadas presuntamente por las entidades de Ángel Ojeda. Ése sería el importe al que asciende el fraude que investigan el Juzgado de Instrucción 4 de Sevilla -antes de que el magistrado Álvaro Martín sustituyera a Francisco de Asís Molina, que cubre en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla la excedencia concedida a José Manuel Holgado Merino tras ser nombrado director general de la Guardia Civil- y la UCO.

Uruburu aprecia razones para pensar que el sistema de las altas ficticias responde a un «plan preconcebido» a la hora de solicitar las ayudas «y no al intento de resolver circunstancias sobrevenidas durante el desarrollo de las acciones formativas» por una desviación de las previsiones iniciales de alumnos. Y llega a esa conclusión al constatar que los mismos hechos se repiten en los cuatro planes subvenciones y en proporciones similares.

«Nada hubiera impedido a los solicitantes de las subvenciones solicitar la modificación de la resolución, con la correspondiente minoración, al comprobar que el número de trabajadores en activo en los cursos era insuficiente», resalta el informe. Éste no pasa por alto el hecho de que el 64 % del montante de las ayudas fue facturado por empresas vinculadas al propio grupo en conceptos de evaluación y control, alquiler de equipos y de aulas, elaboración y adquisición de materiales didácticos y publicidad.

Ángel Ojeda asegura que se «cumplieron absolutamente todos los requisitos» formales: «Los cursos se impartieron y se justificaron, nadie puso el menor problema»

A preguntas de este diario, Ángel Ojeda ha negado que haya podido cometer un delito de fraude en subvenciones y ha asegurado que sus entidades «cumplieron absolutamente todos los requisitos formales» de la convocatoria. «Los cursos se impartieron y se justificaron, nadie puso el menor problema», ha señalado el ex consejero, que ha reconocido la existencia de contratos de un solo día y que la mayoría era inferior a una semana.

Frente a lo que sostiene el jefe de la Unidad Especial de colaboración con la Administración de Justicia de la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Ojeda señala que sus entidades aminoraron las subvenciones cuando las justificaron al haber algunos alumnos desempleados y dice que el informe de Uruburu incurre en «errores demostrables», como atribuirle a él la presidencia de Forpe cuando dicha entidad estaba presidida por otra persona.

Igualmente, critica que cuestiones «administrativas» traten de dilucidarse en la jurisdicción penal y recuerda que ganaron una sentencia en el orden contencioso-administrativo por el que la Inspección de Trabajo se vio obligada a volver a dar de alta en la Seguridad Social a 29 trabajadores a los que no se había reconocido la contratación.

Cursos de Delphi, ‘caso Edu’…

Ángel Ojeda está imputado en la pieza separada que dirige el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en la que se investigan las subvenciones excepcionales que, por más de 33,3 millones de euros, le concedió la Junta de Andalucía a sus entidades entre el 10 de agosto de 2009 y el 3 de diciembre de 2010 para desarrollar acciones formativas dirigidas a los trabajadores afectados por el cierre de la factoría que la multinacional estadounidense Delphi tenía en Puerto Real (Cádiz). La anterior titular de dicho juzgado, la magistrada Mercedes Alaya, no tenía dudas de que el ex consejero obtuvo estos fondos públicos «gracias a sus influencias en la Junta de Andalucía, en virtud de sus antiguos cargos y contactos».

Igualmente, Ojeda está siendo investigado también por un juzgado de Granada a cuenta de la subvención que la Asociación para la Calidad Europea Inteca recibió de la Administración andaluza para realizar cursos formativos en esta provincia. Esta imputación se enmarcaba en la tercera fase de la conocida como operación Edu, desarrollada a principios de junio de 2015.