El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa sobre el desafío independentista, Pablo Llarena, ya tiene sobre su mesa los correos electrónicos incautados por la Guardia Civil a los líderes del procés, tal y como ha adelantado en los últimos días el diario El Mundo.

Son documentos que explicitan las estrategias adoptadas para encarar el 1 de octubre y las intenciones posteriores de los referentes políticos e institucionales del independentismo. Desde la internacionalización del conflicto hasta la utilización de los Mossos d’Esquadra, pasando por la recaudación de importantes cantidades para sufragar gastos personales y campañas de defensa de los implicados, conscientes de la repercusión de unos actos que después han coincidido en señalar como «simbólicos» en sede judicial.

Dinero para longanizas

Este es el caso de Jordi Cuixart, responsable de Òmnium Cultural, que el pasado 14 de agosto, y ya en previsión de lo que estaba por venir, reclamaba en un correo electrónico remitido a su junta directiva «una campaña más bestia y potente para provocar un tsunami en todo el país». Para llevarla a cabo pedía un incremento de un millón de euros en el presupuesto, repartidos de la siguiente manera: 500.000 euros para «guardar en las longanizas» y otros 500.000 para defender a la cúpula de Òmnium «cuando quieran meterlos en la cárcel».

En un documento interno, la ANC reconocía que la independencia debía producirse ‘sea cual sea’ el resultado del 1-O

Tanto Cuixart como Sánchez, responsable de la ANC, tenían claro que el 1-O debería desembocar en la independencia efectiva, y no simbólica, de Cataluña. Fuera cual fuera el resultado. La propia dirección de la Asamblea lo dice así en un correo en el que se estudian los posibles escenarios tras la celebración del referéndum: «Sea cual sea el resultado, nosotros impulsaremos los cambios para defender que se inicie el proceso constituyente institucional, para que entren en vigor las leyes de transitoriedad y para que se convoquen elecciones constituyentes», como recogía El Mundo este domingo.

Cuixart también distribuyó numerosos documentos con guías de actuación de cara a la jornada de votación. Reclamaba, entre otras cosas, acudir con la familia y gente «de todas las edades» ante la previsible actuación policial y llamaban abiertamente a impedir las actuaciones policiales. «Si la Guardia Civil entra y quiere requisar material, no les dejemos salir. ¡Hemos de proteger la democracia!», decía una de las guías repartidas entre los seguidores de Crida per la Democràcia.

El rol de Puigdemont

Pero los correos no se centran sólo en ‘los Jordis’, sino que afectan también a diferentes miembros del último Govern de la Generalitat. Empezando por el propio Carles Puigdemont, que según los informes de la Guardia Civil y «como máximo responsable de la Generalitat» promovía el procés «mediante la difusión del relato independentista a diferentes organismos y autoridades internacionales, como la Masonería y políticos estadounidenses influyentes».

Relata en ese sentido tanto una reunión con el ex senador demócrata Chris Dodd como la invitación a Carles Puigdemont para asistir a la cena de gala de la Gran Logia de España en marzo de 2017. La documentación también hace referencia a otros ex consejeros. De Joaquim Forn, por ejemplo, revelan que «era informado siempre por Trapero de todas las instrucciones que recibía Mossos d’Esquadra por parte de las distintas fiscalías y tribunales relacionados con el referéndum así como de todas las respuestas a los mismos».

De Jordi Turull, consejero de Presidencia, cuentan cómo presionó al vicepresidente Oriol Junqueras para que destinara algo más de 3,4 millones de euros en partidas destinadas a «campañas de contenido cívico», tras las que se escondían en realidad las campañas de publicidad del referéndum ilegal del 1 de octubre, tal y como detallaba este fin de semana el citado medio.

Los informes de Santi Vila

Los correos también han sido intervenidos en las cuentas del ex consejero Santi Vila, que renunció a su puesto antes de la DUI y fue el único que en un primer momento pudo evitar la prisión provisional tras abonar fianza. El ex consejero de Empresa manejó informes tras el 1-O en los que se contemplaban todos los escenarios económicos posibles tras una hipotética independencia de Cataluña.

Estas previsiones iban desde una disminución del 4% del PIB si la única consecuencia era un boicot y un «efecto frontera» del resto del país hasta una caída del 20% si Cataluña quedase fuera de la Unión Europea y el espacio económico común, un escenario «poco probable y sólo contemplado por los autores contrarios a la independencia», según los redactores del informe, en contradicción con todas las manifestaciones públicas de los responsables de la Unión, con el presidente Jean Claude Juncker a la cabeza.

Ese escenario habría supuesto caídas de hasta el 50% de las ventas al resto de España y del 18% en las exportaciones a la UE. «No se debería contemplar como una opción viable de una futura independencia de Cataluña», dice el informe, lo cual llama la atención a la Guardia Civil: «A pesar de eso, no se informó a la población y se declaró la independencia de forma unilateral».