Los tres partidos del bloque independentista tiene series dificultades para pactar un candidato a la presidencia de la Generalitat más allá de Jordi Sánchez, pero han tardado horas en pactar un frente común en defensa de los comités de defensa de la república (CDR’s), tras la operación abierta esta mañana por la Guardia Civil a instancias de la audiencia Nacional, por la que se ha detenido a ocho personas acusadas de rebelión y terrorismo.

Portavoces de JxCat, ERC y la CUP han anunciado que llevarán una propuesta de resolución conjunta en defensa de los CDR’s como un movimiento «pacífico» y han invitado a sumarse a la iniciativa a otras fuerzas políticas, con la vista puesta en los Comunes de Ada Colau. Para el diputado de ERC Ruben Wagensberg, «se ha cruzado la línea roja intentando acusar de terrorismo a ciudadanía que se moviliza de forma pacifica y no violenta».

Unidad contra el Estado, no para formar gobierno, advierte la CUP

Sánchez ha dejado claro, sin embargo, que la unidad mostrada hoy en el Parlament no supone ningún acercamiento político. «No es el primer caso de represión en últimos meses» ha advertido, pero ha señalado también que «es importante distinguir la vía de acción política desde las instituciones de la vía anti represiva» en la que ha asegurado que «el frente común es firme». «Las negociaciones en el Parlament van por otro lado» ha señalado, «y es importante que no se condicionen unas a otras».

El republicano se ha preguntado «cómo pueden banalizar el terrorismo comparándolo con levantar una barrera de una autopista» y ha recriminado al Estado su actitud «represiva». En términos similares se ha expresado el juntero Francesc de Dalmases, quien ha asegurado que «el Estado no tiene problema con los CDR como no lo tiene con la de Murcia o los raperos, tiene un problema con la democracia, el primer síntoma de estado autoritario es como trata a los que piensan diferente». Dalmases ha lamentado también «la banalización del terrorismo en país que lo ha sufrido tantas veces» un argumento que a su juicio «es insulto a las victimas».

Ninguno de ellos se ha referido a los destrozos, la quema de neumáticos y contenedores o los agentes heridos en el asalto al Parlament tras la investidura fallida de Carles Puigdemont el 31 de enero o los disturbios tras el encarcelamiento de Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carme Forcadell el pasado 23 de abril. Tampoco lo ha hecho la diputada de la CUP Natalia Sánchez, quien ha anunciado el apoyo de su formación a las concentraciones convocadas esta tarde en diversos municipios catalanes en apoyo de los detenidos.

 

 

 

«En España movilizarse es delito de terrorismo y rebelión» ha lamentado por su parte Wagensberg, quien frente a este diagnóstico ha asegurado que «nos sentimos más obligados que nunca a seguir movilizados en las calles».