La delegación de voto de Carles Puigdemont, hecha efectiva en dos ocasiones, y Toni Comin, estrenada ayer, ha provocado un nuevo enfrentamiento entre C’s y PP por demostrar quien se opone con más firmeza a los independentistas. Tras decidirse la delegación de voto de Puigdemont tanto C’s como el PP anunciaron recursos ante el Tribunal Constitucional que no se llegaron a presentar. La secuencia se ha repetido esta semana con el voto delegado hecho efectivo esta semana por Comin.

Cuando se anunció la aceptación del voto por parte de la Mesa tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como la líder catalana de C’s, Inés Arrimadas, anunciaron medidas legales para impedirlo. Pero lo cierto es que el Gobierno parece haber optado por ceder al PP catalán el protagonismo en un recurso que no tiene ninguna garantía de poder hacer efectivo. De ahí que ayer Xavier García Albiol abandonara el pleno anunciando la presentación de un recurso de amparo ante el TC por el uso del voto delegado para dos fugados de la justicia.

C’s ha señalado hoy que «como grupo mayoritario del Parlament» presentarán un recurso de amparo «por vulneración de derechos de nuestros diputados». Pero añaden que ese recurso «no frena inmediatamente el privilegio de la delegación de voto de los fugados de la justicia porque eso sólo es potestad del Gobierno». El recurso de amparo puede tardar meses en ser tramitado por el Constitucional a no ser que sea el Gobierno el que lo presente.

Desde Moncloa señalan, sin embargo, que existen dudas sobre la presentación de un recurso de amparo ante el TC en este caso, una figura que en principio parecería reservada a los diputados miembros de la cámara. De hecho, el Constitucional sentó jurisprudencia en 2004 en el caso Ibarreche, cuando señaló que el Gobierno «no es objeto de los derechos fundamentales de los que no es titular, en este caso correspondientes a lo parlamentarios legitimados a participar en el procedimiento legislativo».

El Constitucional rechazaba así que el Gobierno pudiera recurrir la decisión de la Mesa del Parlamento vasco apelando al título V de la Ley del Tribunal Constitucional, que estable que los recursos del Gobierno suponen la suspensión automático de la norma o acuerdo recurrido. Una jurisprudencia que el Constitucional no atendió, sin embargo, cuando aceptó el recurso del Gobierno contra la aprobación de la Resolución del 9N, que recurrió ante el alto tribunal.