La Mesa del Parlament ha acordado hoy aceptar la delegación de voto de Antoni Comin. Con esta decisión sobre el diputado por ERC y ex consejero de Sanidad JxCat y ERC recuperan la mayoría simple en el Parlament de 66 votos y dejan de depender de la CUP para una investidura en segunda vuelta. Esquerra se acoge a la nueva situación judicial de Comin, a disposición de la justicia belga, que estudia su extradición a España, para solicitar la delegación, equiparándolo a la situación de Carles Puigdemont, que ya votó en el último pleno por esta vía.

Tanto C’s, como el PSC y PP están en contra de la delegación de voto de Comin. Y los tres partidos han pedido la reconsideración de esta decisión de la Mesa, pero ninguno de ellos ha anunciado medidas más allá de esa reconsideración. La líder de C’s, Inés Arrimadas, ha interpelado una vez más al Gobierno para que sea el que recurra ante el Tribunal Constitucional esta decisión, lo que provocaría su suspensión automática.

Pero el portavoz del PP, Alejandro Fernández, ha evitado avanzar cualquier medida de su partido más allá de la reconsideración. «Está claro que Puigdemont y Comin no están en situaciones análogas» a los diputados encarcelados en Estremera y Soto del Real, ha afirmado Fernández, para quien esto sólo conduce a «seguir por el camino de las astucias y la desobediencia que ha llevado al desastre».

Eva Granados ha confirmado también que «pediremos la reconsideración del voto con mismo criterio que Puigdemont, en base a las cautelares del TC» pero ha insistido en que si el Constitucional considera que el voto no debería delegarse, puede tomar medidas en contra de esa decisión.

La portavoz de CatEC-Podemos, Elisenda Alamany, ha apoyado la petición de voto delegado pero ha advertido a renglón seguido que, con ese voto, JxCat y ERC se quedan sin excusas para investir presidente y formar gobierno efectivo al frente de la Generalitat. «Ya tienen todos los números para formar Govern» ha señalado.

Los independentistas se acogen al criterio de Llarena

El Tribunal Constitucional advirtió en las medidas cautelares dictadas en enero para una eventual investidura a distancia de Carles Puigdemont que los diputados que se encuentren en busca y captura para ingresar en prisión «no podrán delegar el voto». Pero el bloque independentista, que ha vuelto a imponer su mayoría en la Mesa para esta decisión, alega que una vez puestos a disposición de la justicia belga o alemana la situación de Puigdemont y Comin se equipara a los también diputados Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva, que delegaron su voto acogiéndose a una interlocutoria del juez Pablo Llarena en el que los equiparaba su caso a la incapacitación por motivos de salud.

Ni el Gobierno ni los partidos de la oposición recurrieron ante el Constitucional la delegación de voto ejercida por Puigdemont en el pasado pleno -para aprobar una resolución política sin mayor recorrido- y tampoco lo hizo el propio TC, por lo que los partidos independentistas consideran validada su tesis.

Puigdemont y Comin son los únicos ex miembros del Govern de los cinco fugados en Bruselas originariamente que conservaban su acta de diputado, puesto que Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig renunciaron a ellas para favorecer la mayoría independentista en el Parlament. En el caso de Puigdemont, el acta es su baza para mantener las opciones una investidura telemática, mientras Comin había recibido presiones de Esquerra para que renunciara y evitar así la dependencia de la CUP.

La delegación de voto solicitada por ERC para Antoni Comin, ex conseller de Sanidad, supone un paso más hacia el intento de investidura de un nuevo candidato pactado por JxCat y ERC que no cuente con el apoyo de la CUP. El partido anticapitalista ha dejado claro en los últimos meses que no apoyará la investidura de ningún candidato que no sea el ex presidente Carles Puigdemont, lo que supondría contravenir expresamente las medidas cautelares dictadas el pasado enero por el Tribunal Constitucional, en las que dejaba clara su posición en contra de una investidura telemática.

Reforma de la Ley de Presidencia

Para sortear esas medidas, JxCat presentó en solitario hace dos semanas la proposición para reformar la Ley de la Presidencia, en la que se incluye la posibilidad de celebrar el debate de investidura sin la presencia física del candidato, si éste no puede asistir. Una reforma que los partidos constitucionalistas han llevado ya ante el Consell de Garantías Estatutarias (CGE), por considerar que contradice el Estatut y es una reforma ad personam, como insiste el PSC.

El CGE debe emitir su dictamen a lo largo de esta semana, aunque se trata de un dictamen no vinculante. En caso de que la Mesa lo desoiga, como temen C’s, PSC y PP, los partidos constitucionalistas no podría recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional hasta que ésta sea aprobada por el Pleno, por la vía de lectura única, como ha solicitado JxCat.