La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), un organismo dependiente del Ayuntamiento de Madrid, despidió a principios de año a una empleada. Se trata de la ex jefa de Personal de la EMVS, presuntamente acusada de apropiarse de una cantidad  100.000 euros entre 2011 y 2017, según diversas fuentes. Actualmente la empresa municipal mantiene un litigio con la destituida, que ha trabajado indistintamente tanto con Gobiernos del PP como de Ahora Madrid, coalición que dirige el Consistorio desde las elecciones de mayo de 2015.

Así lo ha sabido El Independiente a través de tres fuentes distintas, que han confirmado el cese de la ex alto cargo perteneciente al departamento de Recursos Humanos. Preguntado por ello, portavoces de prensa de la Empresa de la Vivienda han rechazado contestar, sin dar explicaciones, basándose en un «procedimiento abierto» existente del que no han revelado ningún detalle. Ni siquiera han confirmado si el despido se ha producido, a pesar de la insistencia de este medio.

La acusada fue jefa de Personal y fue cazada tras una auditoría externa

La acusada, cuyo nombre y apellidos permanecen ocultos, fue cazada en 2017, siempre según las fuentes consultadas. La empresa tuvo noticia de lo que estaba haciendo tras una auditoría externa realizada el año pasado, que detectó severas irregularidades. La antigua directiva municipal no tiene antecedentes penales ni judiciales de ningún tipo, y la propia empresa no ha informado de su destitución.

Sin antecedentes penales

Los consultados aseguran que la ex responsable de Recursos Humanos «logró saltarse todos los controles de la dirección económico-financiera durante seis años». Por esta razón ha sido una auditoría externa la que ha destapado el escándalo. «El modus operandi que utilizaba consistía en solicitar adelantos mensuales», señala un conocedor de los entresijos.

Se hacía ingresar adelantos mensuales que luego no se descontaba de la nómina»

«Ella era la que administraba el pago de las nóminas», añade, por lo que se hacía ingresar el importe de adelanto, que superaba los 1.000 euros, pero no los reflejaba en el historial de pagos». Durante seis años, la acusada de esta forma no se los descontó de su nómina mensual. Según expertos consultados, esto puede constituir un delito claro. También puede implicar el ingreso en prisión o una fuerte multa si ambas partes no llegan antes a un arreglo que implique, como poco, la devolución del capital sustraído.

Por la vía penal y social

El caso está en los tribunales y ya se han celebrado juicios, cuyo desenlace no ha trascendido. La acusada de sustraer dinero público ha denunciado a la empresa por los Juzgados de lo Social, y la Empresa de la Vivienda se ha querellado contra la ex directiva por la vía penal. Al parecer uno de los juicios en alguna de estas dos instancias tuvo lugar el pasado 15 de marzo, pero la firma rehúsa dar respuesta al asunto. La denuncia penal fue aprobada a través del Consejo de Administración.

La EMVS tiene casi 300 trabajadores. En 2013 la ex alcaldesa Ana Botella diseño un plan para despedir al 90% de la plantilla -lo que habría supuesto la liquidación de la empresa municipal-. Finalmente la situación se recondujo y se pactaron salidas voluntarias.