La Fiscalía belga ha rechazado este miércoles entregar a los ex consellers huidos Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig a la justicia española por un error de forma en la orden de detención y entrega emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Los tres han acudido esta misma mañana al Palacio de la Justicia belga y en su primera estancia ya se ha tumbado su entrega.

Así lo ha anunciado el propio Comín en declaraciones a los medios, junto con Serret y Puig, después de la audiencia en la que la Cámara del Consejo -el tribunal belga de primera instancia- haya tomado esta decisión al apreciar “defectos de forma” en la euroorden.

En concreto, el defecto es que el magistrado que investiga el ‘procés’ no dictó una nueva orden interna de detención cuando reactivó las órdenes europeas de detención y entrega, un requisito que exige la jurisprudencia comunitaria.

Serret y Puig, en situación de rebeldía desde octubre de 2017, fueron procesados el pasado 23 de marzo por el magistrado del Alto Tribunal por los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos al haber desatendido los requerimientos del Tribunal Constitucional y aprobar el decreto de convocatoria del referéndum ilegal del pasado 1 de Octubre. Por su parte, Comín está encausado por rebelión y malversación.

Las dudas de Bélgica

La Fiscalía solicitó el pasado mes de abril más información a España sobre la euroorden y, como avanzó El Independiente, veía problemas para entregar a los ex miembros del Govern a nuestro país por los delitos de desobediencia ni de “corrupción”.

La justicia belga, a través de la Fiscalía de aquel país, remitió un informe donde exponía amplias dudas al Supremo para cumplimentar la entrega y ponía en conocimiento de Llarena “de manera inmediata” que “la desobediencia no puede dar lugar a la entrega” de los ex miembros del Govern “puesto que este delito no está recogido en la legislación belga, lo que significa que el principio de doble tipicidad no se cumplirá”.

Así las cosas, a priori, el único delito por el que podían ser entregados a España dichos ex consellers de la Generalitat de Cataluña es la malversación de caudales públicos. Sin embargo, sobre estos hechos la Fiscalía de Bélgica también se mostró rotunda: “puedo informarle igualmente de que, a pesar de la diferente interpretación que pueda darse a este concepto de acuerdo con la legislación española, el delito genérico de corrupción no puedo constituir la base para la entrega. Esta calificación de hecho delictivo, en efecto, claramente no es aplicable según el derecho belga, incluso de manera genérica”.

Este miércoles el varapalo judicial se ha escenificado con el rechazo a dicha entrega. Por su parte, el Ministerio Público de la capital belga ha informado, tras conocerse el varapalo a España, que esta decisión del tribunal puede ser recurrida, pero ha avanzado que no lo hará. “La decisión de la Cámara del Consejo es susceptible de recurso. El Ministerio Público y las tres personas implicadas tienen la posibilidad de presentar un recurso. El Ministerio Público no lo presentará”, ha señalado.

También ha concretado la Fiscalía de Bruselas que la Justicia española no puede interponer un recurso porque no participa en el proceso.

Boye: “Un buen día”

El abogado de los ex consellers, Gonzalo Boye, ya ha avisado a través de las redes sociales a primera hora de la mañana que “hoy va a ser un buen día”, lo que hacía pensar que se trataría de las decisiones que se tomarían más tarde en Bélgica.

De los tres ex miembros del Govern que han acudido este miércoles a sede judicial, sólo uno de ellos, Toni Comín, sigue manteniendo su escaño en el Parlament de Cataluña.