La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) habría recibido en los últimos siete años 22 millones de euros de los ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones adheridos a la entidad en concepto de cuotas destinadas a la promoción de la independencia. Así lo cree Sociedad Civil Catalana (SCC), que hoy ha anunciado su intención de llevar ante el Tribunal de Cuentas a los responsables municipales si no se restituye este dinero público.

El presidente de SCC, José Rosiñol, y el de Abogados Catalanes por la Constitución, Ramón de Veciana, han anunciado que remitirán requerimientos a los 787 ayuntamientos y las 52 entidades locales -entre consejos comarcales y diputaciones- adheridos a la AMI para que anulen esos acuerdos de adhesión y pidan a la Asociación la «restitución» de todos los fondos públicos recibidos.

La cifra de 22 millones es un cálculo realizado a partir de la media de las cuotas de la AMI -escaladas en función del número de habitantes- y el numero de ayuntamientos adscritos, ha reconocido Rosiñol.

«La AMI es una entidad privada con unas cuentas absolutamente opacas» ha destacado Veciana en este sentido, para advertir de que corresponde a la Asociación explicar a qué ha destinado esos fondos públicos.

Denuncia al Tribunal de Cuentas

El líder de Abogados por la Constitución -entidad responsable de la denuncia contra Artur Mas, Quico Homs, Irene Rigau y Joana Ortega ante el Tribunal de Cuentas por el 9N- ha advertido que si los ayuntamientos hacen caso omiso a sus requerimientos, llevarán a los responsables municipales ante el Tribunal de Cuentas por «responsabilidad contable».

«Los acuerdos ya son nulos de pleno derecho» ha añadido, porque la justicia ya ha dictado sentencia en contra de tres de estos acuerdos vía Contencioso-Admistrativo, sentencia que en el caso de Terrassa es firme.

Por tanto, ha añadido, «existe  una responsabilidad contable» de quienes «aprobaron estos trasvases de fondos públicos a una entidad privada» que SCC y ACC exigirán «contra su patrimonio personal» a los alcaldes que han suscrito estos acuerdos, pero también a los secretarios municipales e interventores que han avalado los pagos.