Les ha citado a todas mañana a las 9.30 horas en el Ministerio del Interior. La veintena de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo acudirán al que será el primer encuentro con el ministro Fernando Grande Marlaska con la sensación de que en apenas un mes transcurrido desde el anterior encuentro con el ministro Juan Ignacio Zoido el horizonte en torno a las consecuencias del terrorismo puede cambiar de modo sustancial. Pese a que la acogida por parte de las asociaciones de la designación del juez para ponerse al frente de Interior fue buena, el anuncio del pasado lunes del presidente Pedro Sánchez de que está dispuesto a abrir un "nuevo tiempo" en materia de política penitenciaria y a estudiar de modo "individualizado" el caso de cada presos de ETA, ha elevado la inquietud en las principales asociaciones.

A ello ha contribuido el último encuentro con el PNV, a los que el PSOE sitúa como socios preferentes del Gobierno, y la pretensión de los nacionalistas vascos de que el lehendakari Urkullu lleve bajo el brazo un cambio de la política penitenciaria, el acercamiento de presos y la flexibilización de su régimen carcelario. También reclamará al presidente la cesión a Euskadi de la gestión de las cárceles vascas en la próxima reunión que ambos mandatarios celebrarán. El ministro Grande Marlaska aseguró el miércoles que cualquier paso que se dé se hará dentro de los márgenes de la ley y solicitó al PP que evitará generar "alarma".

Sin embargo, no herir la sensibilidad de las víctimas en esta cuestión puede ser un reto complicado para un magistrado que se enfrenta a la presión que dede el PNV se ejerce sobre el Gobierno y a la que se hace desde las distintas asociaciones. En la reunión que mañana celebrará con las asociaciones de víctimas, la más numerosa, con más de 4.500 asociados, la AVT se opondrá frontalmente a que se modifique la política de alejamiento que se aplica a los presos de la ETA desde hace décadas. El consejero de la AVT, Miguel Folguera, señala que no aceptarán que se puedan hacer "cesiones" o se autoricen "ventajas" a los terrorista: "No queremos que la víctimas del terrorismo seamos ahora víctimas de la desmemoria y la impunidad". La asociación solicitará a Grande Marlaska que mantenga la dispersión de los presos ya que a pesar de que la banda se ha disuelto no lo ha hecho "la presión y el entorno terrorista, sigue vivo". Recuerda que cuando s apela a la legalidad de un posible acercamiento, "también es perfectamente legal el alejamiento actual".

"Obras son amores"

La asociación tan sólo establece una opción en la que se podría contemplar un cambio de la política penitenciaria y que pasaría por exigir a cada preso su colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de atentados sin autoría. Una exigencia que en su opinión debería ser previa a cualquier posibilidad de acercamiento a una cárcel cercana al País Vasco. "Obras son amores, le diríamos a Sánchez. Esperamos que no haga ninguna cesión, si no, nos tendrá enfrente. Lo hicimos con Zapatero y con Rajoy y no cambiará ahora con Sánchez", asegura Folguera.

En el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) en cambio la posición es distinta. No descartan que se pueda producir un acercamiento de presos siempre que no se vulnere la legalidad, si bien consideran que se debería autorizar una vez el preso "rechace la violencia" de forma clara y lo haga de modo individual. "Un rechazo que debe ser claro, sin caer en las trampas de reconocer el daño, eso ya lo hizo cada vez que reivindico un atentado. Ahora se debe reclamar un desmarque de la violencia que ha ejercido", asegura una portavoz de Covite.

Subraya que el camino emprendido en la llamada 'Vía Nanclares' puede ser el referente en el que se mueva a partir de ahora el Gobierno del PSOE. En este contexto sitúan algunos de los nombramientos en posiciones relevantes de personas que jugaron un papel importante en la implantación de esta vía para facilitar la reinserción de los presos de ETA. Es el caso del propio ministro del Interior, del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y el delegado del gobierno en Euskadi, Jesús Loza.  Covite recuerda que en aquel momento se estableció un "suelo ético", unos requisitos para proceder al acercamiento de presos, que previamente debían no sólo rechazar la violencia sino hacer una petición de perdón y asumir sus resposabilidades. Covite afirma  que en el contexto actual su exigencia para asumir un cambio de la política penitenciaria en torno a ETA se limitaría únicamente a exigir un rechazo claro de la violencia de ETA.

Progresión de grado

Al contrario que la AVT, desde Covite consideran que la colaboración con la Justicia para esclarecer crímenes sin autoría sí debe ser reclamada a los presos pero no tanto para favorecer un posible acercamiento a Euskadi sino para propiciar una evolución de su grado penitenciario.

En lo que sí es más exigente el colectivo de víctimas del País Vasco es en otra de las pretensiones que se plantea desde el PNV al Gobierno de Sánchez y que pasa por la cesión de la gestión de las cárceles en Euskadi. "Nos oponemos a que se ceda", señalan., Recuerdan a Grande Marlaska que por su trayectoria como juez conoce perfectamente que durante años el nacionalismo vasco no quiso gestionar las prisiones en Euskadi y que si ahora la solicita con tanta insistencia es por un intento de flexibilizar el régimen que se aplica a los etarras, "buscar trampas para que salgan": "Supondría transferir los derechos de la víctimas a los nacionalistas".

Actualmente en España 224 presos de ETA cumplen su condena en alguna de las 41 prisiones en las que se encuentran encarcelados. La mayor parte de ellos no ha podido progresar de grado y en la inmensa mayoría de los casos continúan en primer grado. El Gobierno anterior denegó las peticiones que los reos hicieron para asumir la actual legislación penitenciaria.

El PNV ya ha anunciado que cuenta con un plan para una nueva política penitenciaria para el colectivo de presos de la banda y que contempla, entre otras medias, el acercamiento a prisiones no mas lejos de 250 kilómetros de Euskadi, de los presos. Actualmente, el 66% de los etarras cumple su condena en una cárcel situada a entre 600 y 1.000 kilómetros de distancia de su lugar de origen. El programa 'Zuzen Bidean', elaborado en 2014 por la secretaría de Paz y Convivencia, también se apela a la necesidad de favorecer la excarcelación de los presos gravemente enfermos.