En el pueblo no habían oído hablar de ellos. En Alatoz (Albacete) nadie sabía quiénes eran. A muchos kilómetros de allí, en otro pequeño municipio extremeño, Valdetorres, tampoco. Lo mismo ocurrió en Iscar (Valladolid), en Zufre (Huelva), en Setenil (Cádiz) o en Muelas del Pan (Zamora). Fueron dispersados por una treintena de pueblos perdidos y alejados de aquella Euskadi convulsa en la que acababan de ser detenidos. Arrestos ocurridos en un clima de protestas estudiantiles que se propagaba por todo el país, revueltas políticas con tintes nacionalistas que cada vez afloraban con mayor intensidad en el País Vasco y el hastió de una dictadura que empezaba a dar los primeros síntomas de agotamiento.

Aquellos hombres jóvenes que llegaron un día por sorpresa son hoy -quienes aún viven- unos ancianos con 50 años más. La mayor parte intentó integrarse sin hacer mucho ruido ni dar grandes explicaciones. A muchos el acento les delató. “El vasco que algo habrá hecho”, poco más. Fue la interpretación más extendida de aquellas extrañas llegadas de decenas de foráneos en el mapa de la España del verano del 68.

Aquel fue el año de las buenas noticias en la España oficial, la que brindaba por el nacimiento de Felipe ‘el heredero’, la que bailaba al son del La,La,La de Massiel y la que se enorgullecía de estrenar sillón en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero aquella España también lloraba. Y lo haría mucho más a partir de entonces.

Ocurrió hace hoy justo 50 años. Aquella primera semana de agosto Franco aún aplicaba el destierro como castigo. En aquel mes del verano de 1968 en el que la dictadura llevaría a cabo a mayor operación contra ETA y su entorno hasta entonces, aún pocos fuera de Euskadi sabrían dar una explicación suficiente sobre qué eran esas siglas. Aquel movimiento nacido contra la dictadura se veía como otro de los muchos que desde la clandestinidad surgían y desaparecían casi al mismo ritmo.

La dictadura detuvo a 76 personas en agosto de 1968, hace ahora 50 años, en la que fue la mayor operación contra ETA y su entorno de la época

La llegada de aquella treintena de hombres detenidos por la policía franquista y dispersados por pequeños municipios de toda España, todos alejados del País Vasco, fue un indicio de que algo ya no era tan anecdótico. La pena de confinamiento fue sólo un parche para intentar desactivar un movimiento que sería imparable. A la mayoría de aquellos jóvenes la detención les llegó el 5 de agosto, su expulsión de Euskadi pocos días después. En Zarauz, Bergara, Azpeitia, Eibar, Rentería o Mondragón vieron cómo varios de sus vecinos eran arrestados y muchos tardarían en regresar. En el peor de los casos, para ingresar en prisión, en otro, para expulsarlos lejos de allí.

El asesinato de Melitón Manzanas

Hacía sólo tres días que la historia había vuelto a cambiar. El 2 de agosto de aquel año ETA acababa de dar el paso que no abandonaría hasta medio siglo después y que dejaba atrás los años de robos y sabotajes más propios de alborotadores que de terroristas. La banda había decidido fijar objetivos y ejecutarlos con atentados mortales.

En realidad, su primer crimen lo había cometido dos meses antes, pese a que no figuraba en sus planes. No le importó. El primero de su larga lista de asesinados sucedió de modo imprevisto el 7 de junio de ese año, cuando el miembro de la banda, Txabi Etxebarrieta mató al guardia civil José Antonio Pardines en un control de tráfico. El segundo asesinato, esta vez planificado y aprobado por la organización, fue el asesinato del comisario de policía de Guipúzcoa, Melitón Manzanas el 2 de agosto en Irún. Fue un golpe para la dictadura que decidió dar un golpe en la mesa. Lo hizo sólo un día después, cuando Franco decretó el Estado de Excepción en la provincia por un periodo de tres meses y que posteriormente amplió otros tres más.

Dos días más tarde del asesinato de Manzanas se inició la macro operación que terminaría con el arresto de 76 hombres, de los que algo menos de la mitad serían condenados al destierro en localidades españolas y el resto, ingresados en prisión y los menos puestos en libertad. Entre los detenidos figuraban sacerdotes, activistas nacionalistas y miembros de ETA.

ETA asesinó al comisario Melitón Manzanas el 2 de agosto de 1968. Al día siguiente Franco decretó el ‘Estado de Excepción’ en Guipúzcoa

Fue la venganza del franquismo contra ETA por el asesinato de uno de los máximos representantes de la represión policial del momento. La muerte de Melitón Manzanas fue probablemente una de las que menor rechazo suscitó en aquel País Vasco de finales de los 60. Hacía tiempo que su fama le precedía y no menos que la banda terrorista le había situado como su primer objetivo.

Manzanas, jefe de la brigada político Social de Guipúzcoa, se había convertido en un referente de la tortura franquista y en el hombre más odiado en los círculos nacionalistas vascos. Sus prácticas de interrogatorio se habían hecho demasiado conocidas y temidas como para no alimentar un odio hacia él que ETA se encargó de emplear para justificar el estreno de su cruel lista de asesinatos planificados.

Lo hizo con la llamada operación “Sagarra” (Manzana) en la que varios de sus militantes le esperarían al comisario a la puerta de su casa. El mediodía del 2 de agosto de 1968, en presencia de su mujer y su hija, ETA cumplió su propósito y lo acribilló a tiros. En 2001 el Gobierno de José María Aznar concedió a Melitón Manzanas, a título póstumo, la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, galardón que fue muy cuestionado desde el nacionalismo.

Derechos suspendidos

El mes más agitado del 68 en Guipúzcoa comenzó con el Boletín Oficial del Estado, que publicó el 5 de agosto el decreto ley 8/1968 por el que el entonces ministro de Gobernación, Camilo Alonso Vega decretaba el Estado de Excepción. La justificación oficial fue las reiteradas “alteraciones del orden público y hechos de carácter delictivo” provocados por “agitadores” instigados por “grupos clandestinos” y que estarían alterando “la paz general”.

La medida suponía dejar en suspenso los artículos 14, 15 y 18 del llamado “Fuero de los Españoles” que fijaba los derechos, libertades y deberes de los ciudadanos. La inviolabilidad del domicilio, la libertad de residencia o la limitación del periodo de detención quedaban suspendidas. Suspender el artículo 15 suponía que las fuerzas de seguridad podrían acceder a una vivienda y proceder a su registro libremente, sin necesidad de autorización judicial ni del propietario. También quedaba sin efecto la limitación de detención provisional de 72 horas.

Una treintena de jóvenes fueron confinados, desterrados a pequeños municipios alejados del País Vasco

Las detenciones del Franquismo durante aquellos días de Estado de Excepción no pararon durante semanas. Entre el 5 de agosto y el 29 de septiembre el goteo fue incesante. La calumnia a la “fuerza armada y tenencia de propaganda subversiva” fue la acusación más habitual. Se empleó para la detención de 34 personas, de las que sólo cuatro quedarían poco después en libertad y una ingresó en prisión. El resto fueron condenados al destierro, a vivir confinados lejos de sus pueblos. Huelva, Málaga, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Albacete o Jaén fueron algunas de las provincias elegidas para trasladar a aquellos detenidos “subversivos” relacionados con el entorno radical nacionalista que comenzaba a levantarse al calor de ETA.

En la lista que aún se conserva en el Archivo Histórico de Oñati, figuran los nombres de siete sacerdotes a los que se vinculó con estos movimientos. Curas de municipios como Bergara, Zestoa, Legorreta o Lazkano y que en algunos casos fueron puestos a disposición del Tribunal de Orden Público (TOP), en otros fueron confinados en Albacete o La Aguilera (Burgos) o enviados a la prisión de Zamora.

El segundo gran bloque de arrestos lo conformaron quienes estuvieron condenados por pertenecer a ETA, cuyas detenciones se sucedieron desde el 5 y hasta el 23 de agosto. Todos ellos excepto uno fueron ingresados en la cárcel de San Sebastián de modo provisional. Por último, en aquellos días una decena de hombres fueron arrestados bajo la acusación de tratar de introducir en España “libros subversivos”. El último de los arrestos en aquel agitado mes de agosto en Guipúzcoa lo fue por portar una ikurriña, “una bandera nacionalista” y por transportar género para confeccionar más enseñas nacionalistas.