El mensaje lo enarboló desde el primer momento. El nuevo presidente del PP, Pablo Casado, ha decidido situar a ETA y sus presos en el núcleo duro de su mensaje. Con el que aspira a recuperar terreno en amplios sectores del centro derecha español. La herramienta para lograrlo será la ley que el PP planteará no sólo para evitar la celebración de homenajes a etarras a su salida de prisión, sino sobre todo, para situar a las víctimas del terrorismo en el centro del discurso contra la violencia.

Lo reafirmó el pasado domingo en Vitoria, durante la comparecencia ante los medios en la que sufrió un escrache por cientos de simpatizantes de la izquierda abertzale, y en la que insistió en su rechazo al acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas y en su intención de frenar los recibimientos y “humillaciones” a las víctimas y que la Justicia y la ley actual no están impidiendo. La llamada ‘Ley de Memoria, Dignidad y Justicia’ que prepara Casado abarca cambios en el Código Penal, reformas en el sistema educativo y honrar a las víctimas en los lugares donde fueron asesinadas o resultaron heridas.

La ley que plantea Casado afecta al código penal, el currículum educativo y el reconocimiento social

Además de modificar la tipificación legal de actos como los ‘ongi etorris’ a etarras, la propuesta del líder del PP contempla medidas como levantar monolitos o elementos que recuerden a las víctimas en cada uno de los puntos en los que se cometió algún atentado de ETA. Junto a ello, la propuesta incluye la inclusión en el sistema educativo un relato histórico justo con la memoria de las víctimas para que las nuevas generaciones conozcan lo sucedido durante décadas de violencia en nuestro país.

Reformas legales

En la batería de medidas que incorporaría la nueva ley destacan las modificaciones de carácter legal. Estarían orientadas a todo tipo de manifestaciones de violencia terrorista. La más llamativa sería la tipificación de modo específico de actos como los homenajes a terroristas y permitir de este modo superar la situación jurisprudencial actual que dificulta sobremanera a los jueces de la Audiencia Nacional no sólo prohibir la celebración de estos homenajes sino condenarlos a posteriori.

A ella se sumaría la del reforzamiento del concepto de cumplimiento íntegro de penas en la legislación penitenciaria española. En el PP recuerdan que ‘Santi Potros’ ha cumplido más de 30 años de cárcel, pero la mitad de ellos han sido por pertenencia a banda armada y en Francia, sólo 18 de ellos en nuestro país -por el asesinato de 40 personas-.

La jurisprudencia marcada por Europa y el Supremo ha limitado las opciones de la AN para prohibir homenajes

Fuentes del PP señalan que lo que se quiere es impedir que la izquierda abertzale pueda seguir “sorteando” la ley para celebrar las bienvenidas en las que se honra a los ex presos de ETA. Subrayan que la filosofía de la ley que defiende Casado busca situar en el centro a las víctimas, ensalzándolas y evitando cualquier tipo de humillación. Una norma que facilite no sólo abordar el fenómeno de ETA, sino también otras manifestaciones de terrorismo y violencia, como el de carácter yihadista o de cualquier otro tipo.

98 homenajes a etarras

La dificultad para dar por acreditado un delito de enaltecimiento del terrorismo esta detrás de la proliferación de este tipo de homenajes. Sólo en los dos últimos años, según datos del Observatorio de Covite, en el País Vasco y Navarra se han celebrado 98 homenajes a miembros de ETA a su salida de prisión, casi a partes iguales entre 2017 y 2018. A ellos se suman otros casi un centenar de actos, pintadas o manifestaciones que pudieran incurrir en enaltecimiento o humillación hacia las víctimas.

Si hace unos años la Audiencia Nacional prohibía incluso de antemano la celebración de este tipo de homenajes, o incluso los condenaba a posteriori al poder acreditar que se hubiera incurrido en un delito de enaltecimiento del terrorismo, la situación cambió radicalmente tras la directiva europea de 15 de marzo de 2015 en la que básicamente se establecía que para incurrir en un delito de enaltecimiento el peligro no podía ser “abstracto” sino “concreto”. Es decir, debe existir “un riesgo cierto” de que ese acto favorezca la comisión de un acto de carácter terrorista. Con el fin de las acciones armadas de ETA primero y su disolución después, el riesgo de enaltecimiento, según la Justicia, se devalúa absolutamente hasta casi desaparecer.

El Tribunal Supremo, en una sentencia del 25 de mayo de 2017, secundaba la tesis de la directiva europea -pensada más en un terrorismo como el yihadista- y en una sentencia aseguraba que el riesgo de enaltecimiento en el caso de ETA quedaba casi diluído tras el fin de su actividad armada.
A partir de ahí, la jurisprudencia marca los pasos de la Audiencia Nacional, que una tras otras deniega las prohibiciones a este tipo de actos solicitados por asociaciones de víctimas, instituciones y particulares.

El observatorio de Covite ha documentado hasta 140 actos de enaltecimiento de ETA sólo este año

A ello contribuye también la modulación de este tipo de homenajes que desde las filas de la propia izquierda abertzale se ha ido produciendo en los últimos años. La desaparición de referencias expresas a ETA, la sustitución de imágenes de presos por siluetas o dibujos, o incluso la ausencia absoluta de símbolos relacionados con la banda terrorista han logrado blanquear legalmente los actos.

Denuncias archivadas

Muestra de ello es el resultado de las denuncias que sólo en este año ha interpuesto el Colectivo de Víctimas del País vasco, Covite. Han interpuesto denuncia ante la AN en homenajes brindados a presos con delitos de sangre y que se han celebrado en la calle. De las ocho denuncias tres han sido archivadas, dos han tenido que ser recurridas y una de ellas continua en tramitación.

En lo que va de 2018 Covite ha presentado cuatro denuncias contra los homenajes a los dos “chivatos” del asesinato de Joseba Pagazaurtundua, los etarras Ignacio Otaño e Iñaki Igeretegi; el homenaje al primer asesino de ETA, Txabi Etxebarrieta, así como la presentada contra la organización que lleva su nombre y divulga su figura y por último, el homenaje que se le rindió en Vitoria a Ramón López Abetxuko.

Covite ha sido la asociación que con mayor empeño se ha posicionado en contra de estos homenajes que ahora el PP quiere que se prohíban con una nueva ley. Ha creado un observatorio que registra todos los actos de reconocimiento, bien en forma de bienvenida, bien de otro modo, que se llevan a cabo en el Euskadi y Navarra. Sólo este año ha logrado documentar 140.

Casi anulado de facto por la jurisprudencia el delito de enaltecimiento aplicado a una ETA disuelta, los colectivos de víctimas empiezan a mirar con mayor atención a reforzar el camino por la vía de la “humillación”. Este delito fue incluido en el Código Penal en 2015. Su artículo 578 establece que la humillación a una víctima será cualquier acto que suponga una “descrédito”, “menosprecio” a la víctima de un acto terrorista.

Impulsar el delito de «humillación»

En la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) consideran que vista la dificultad y casi imposibilidad de que la jurisprudencia deje para que prosperen las denuncias por “enaltecimiento”, es hora de profundizar en la vía de los delitos por humillación. La abogada de la asociación, Carmen Ladrón de Guevara señala que los fiscales les trasladan que están “atados de manos” para poder impedir que se celebren estos homenajes. En cambio, apunta que la humillación de las víctimas es un delito en el que hay “menos desarrollo jurisprudencial” y puede ser un modo de “sortear el escollo que pone el Supremo al delito de enaltecimiento”.

La vía administrativa contra los ‘ongi etorris’ que plantea Ciudadanos divide a las víctimas

La AVT mantendrá próximamente un encuentro con el presidente del PP. Por el momento desconocen los detalles de la propuesta legal a la que Casado hace referencia en los últimos días para evitar los homenajes a etarras. “Lo que estamos pidiendo es que se estudien vías legales y si, como nos dice la Audiencia Nacional penalmente el delito de enaltecimiento es complicado aplicarlo, habrá que explorar otras vías”.

Entre ellas citan la de carácter administrativo. Ciudadanos ya planteó una reforma en este sentido, para que sean las instituciones que autorizan y los responsables que organizan un homenaje los que reciban la sanción por la vía administrativa en forma de multas. La formación naranja llegó a plantear multas de hasta 250.000 euros.

Sin embargo, este camino provoca reacciones dispares entre las asociaciones de víctimas. Mientras a la AVT le parece una fórmula interesante que se debería analizar, a Covite en cambio le provoca grandes dudas. Las víctimas de esta asociación vasca señalan que no responde a la entidad de la gravedad de este tipo de actos.