Es el corazón del pasado industrial de Vizcaya, el hogar de muchos de los miles de familias venidas de Extremadura, Galicia o Castilla León que convirtieron a Barakaldo en la cuarta ciudad de Euskadi por detrás de las tres capitales vascas. Aquí el euskera, como en otros amplios núcleos urbanos de la Vizcaya más urbana, tiene una penetración más bien discreta. Un feudo que durante años ha controlado el Partido Socialista pero que su progresivo deterioro electoral ha permitido que el PNV ocupe, por un estrecho margen y gracias al apoyo implícito del PSE, la alcaldía de este municipio de 100.000 habitantes desde hace casi cuatro años.

El selló nacionalista que su alcaldesa, Amaia del Campo, ha querido imprimir a su gestión sea dejado sentir a lo largo de toda la legislatura. La última muestra de ello ha sido la aprobación de una ordenanza municipal para impulsar el “paisaje lingüístico en euskera” según el cual aquellos comerciantes y hosteleros que decidan rotular sólo en euskera podrán recibir el doble de ayudas que quieren opten por hacerlo en las dos lenguas oficiales de Euskadi conjuntamente; el euskera y el castellano.

El uso del euskera en Barakaldo ronda el 7% de la población

La ordenanza presentada por el Área de Cultura, Educación, Euskera, Juventud y Prevención de drogodependencias ha sido respaldada por todas las formaciones del Consistorio barakaldés. Tanto el PNV como el PSE, EH Bildiu como Irabazi han respaldado la medida que establece otorgar subvenciones de hasta el 50% de su coste a las rotulaciones que se hagan en euskera únicamente y de sólo un 25% si se hace de modo bilingüe. El PP ha sido el único partido que se ha opuesto a la medida.

La citada ordenanza se justifica desde el equipo de Gobierno como medida para “promover la adaptación del paisaje lingüístico a la realidad bilingüe del municipio y promover la presencia del euskera en el mismo”. Según el Instituto Vasco de Estadística, en Barakaldo –según datos de 2016- el uso del euskera no llega al 7%. De los 98.000 vecinos, apenas 1.441 aseguran hablar únicamente euskera en el domicilio y otros 5.326 lo combinan con el castellano.

«Paisaje lingüístico»

La medida de promoción acordada por el Ayuntamiento considera que el comercio de la localidad es “clave para el desarrollo del euskera”. Por ello considera que es procedente subvencionar el coste de la “adecuación del paisaje lingüístico” a las personas y entidades privadas que hagan un esfuerzo en favor de sus uso y por tanto éste debe ser compensado o retribuido de algún modo.

La medida permitirá recibir la mitad del coste que tenga rotular sólo en euskera tanto los rótulos exteriores de un comercio, un local de hotelería o un servicio que esté radicado en el municipio. Se pagarán tanto toldos, como rótulos en el exterior de un local, indicadores situados en su interior o incluso los que se plasmen en vehículos. Quedarán exentas de acceder a estas ayudas los bancos y las cajas de ahorro y los establecimientos con una superficie superior a los 500 metros cuadrados.

Para percibir la ayuda, tanto la del 50% reservada a rotulaciones sólo en castellano, como las bilingües (25%)  en los rótulos deberá aparecer de modo obligatorio la actividad del establecimiento, “no se subvencionaran los rótulos que sólo muestren los nombres propios”, se aclara en la norma.

El PP fue la única formación que se opuso a la medida. Su portavoz, Amaya Fernández, aseguró que es contradictorio que en la parte expositiva de la ordenanza se apele a la necesidad de “adecuar el paisaje lingüístico a la cooficialidad” y que el comercio sea la garantía de asegurar el “respeto a los derechos lingüísticos de los vecinos pero que a continuación se doblen las subvenciones si se apuesta sólo por el euskera frente a los que lo hacen por los dos idiomas oficiales. Para Fernández, con medidas de este tipo los que se hace en realidad es “penalizar” la rotulación en castellano, en bilingüe o en trilingüe. Para la dirigente del PP vasco lo relevante no tendría que ser en qué idioma se rotula en un comercio sino que la lengua en la que se haga se pueda “elegir libremente sin que la Administración condicione las decisiones personales”.