JxCat y ERC mantienen abierta la guerra sobre la suspensión de los diputados imputados por el 1-O dictada por el juez Pablo Llarena en julio a una hora de que de comienzo la tercera sesión del Debate de Política General catalán, cuando se tienen que votar las resoluciones de los grupos parlamentarios. Una batalla en la que el último movimiento corresponde a JxCat, que ha comunicado a la Mesa su intención de hacer valer la delegación de voto previa al auto de Llarena.

Diversas fuentes jurídicas aclararon a El Independiente que remitirse de nuevo a esa delegación de voto implica incurrir en desobediencia. Sin embargo, desde JxCat argumentan que, puesto que el Pleno del Parlament rechazó la suspensión dictada por Llarena y «el Parlament es soberano», pueden remitirse de nuevo a esas delegaciones.

El portavoz adjunto, Eduard Pujol, ha insistido además en que han sido los propios diputados presos, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi turull, los que han exigido que no se acepte la fórmula de la sustitución temporal, intentando sacar el foco de Carles Puigdemont. La negativa del ex presidente a perder la condición de diputado está en el origen de la crisis entre JxCat y ERC.

El presidente del Grupo Republicano, Sergi Sabrià, ha acusado la nueva maniobra neoconvergente. Visiblemente molesto, Sabrià ha recordado en los pasillos del parlament que la última palabra la tendrá Roger Torrent, presidente del Parlament, apuntando a una nueva crisis como la vivida el pasado julio, que obligó a suspender el último pleno del periodo de sesiones entre duras acusaciones de mentir y traicionar los acuerdos suscritos. Acusaciones que hoy han vuelto a ponerse sobre la mesa.

ERC, por contra, ha registrado sendos escritos en los que comunica a la Mesa que Oriol Junqueras y Raül Romeva designan a Sergi Sabrià para ejercer sus funciones como diputados. Es decir, se acogen a la fórmula apuntada por Llarena en su auto y especificada por los letrados del parlament en el informe del 16 de julio, en el que se avalaba la sustitución temporal para salvaguardar las mayorías parlamentarias y los derechos de los imputados.