Política

Guerra de togas

Jueces del Supremo plantarán cara a Díez-Picazo en el Pleno de las hipotecas

Lejos de haberse pacificado el ambiente, las aguas continúan muy revueltas en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. El Pleno del próximo día 5 de noviembre será la prueba de fuego para el presidente Luis Díez Picazo.

El magistrado Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala Tercera del Supremo. CGPJ

El Pleno de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo del próximo 5 de noviembre será clave para la continuidad del magistrado Luis Díez-Picazo como presidente de dicha Sala y, también, para salvar “dignamente la malograda imagen de independencia del tribunal”.

Tras la tensa reunión vivida este lunes en dicho órgano, magistrados de la Sala Tercera tienen previsto reprochar al presidente la “pésima gestión” que ha realizado del asunto avocando a revisión del Pleno el criterio firme decretado por la Sección Segunda al establecer que las entidades bancarias son las que deben abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria.

Miembros de la Sala Tercera entiende que el Pleno del día 5 no puede celebrarse al no cumplirse las exigencias legales para el mismo

Fuentes jurídicas consultadas por El Independiente, explican que, pese a que Díez Picazo ha decidido mantener la convocatoria del mismo, miembros de la Sala plantearán el día 5 que dicha cuestión jurídica no puede ser avocada a Pleno puesto que no se cumplen los requisitos necesarios que exige la Ley para ello.

El artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sostiene que “podrán ser llamados, para formar Sala, todos los magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el presidente, o la mayoría de aquéllos, lo estime necesario para la administración de justicia”. En este caso, hay miembros de Supremo que entienden que ni esta cuestión afecta a la Administración de Justicia ni existen resoluciones contradictorias que hagan que el asunto deba ser estudiado por el Pleno.

La avocación a Pleno

Luis María Díez-Picazo ha tratado de solventar esta cuestión señalando que “la avocación al Pleno de la Sala de los asuntos pendientes y no resueltos sobre esta materia por parte del presidente de la Sala forma parte de sus atribuciones legales cuando lo estime necesario para la Administración de Justicia, sin perjuicio de las facultades del Pleno para resolver lo que en Derecho proceda”. Esta rectificación se produjo después de que el viernes el presidente anunciara que elevaba al Pleno el conocimiento de los recursos pendientes "a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado".

Junto con la sentencia conocida el pasado jueves, se fallaron otras dos en idéntico sentido por parte de la Sección Segunda de lo Contencioso, es decir, de forma desfavorable para los intereses de la banca pero favorable para los consumidores. Sobre este dato, en el comunicado pactado emitido este lunes -tras la reunión con Lesmes, el vicepresidente del Supremo Ángel Juanes y los miembros de la Sección Segunda- el presidente de la Sección Tercera admite que ninguno de esos tres fallos “son susceptibles de revisión alguna”.

Si bien, dicha nota omite que hay tres nuevos asuntos, cuyas deliberaciones en torno a ellos aún no han arrancado, y que, por lo tanto, podrán ser llevados a Pleno el día 5, apuntan fuentes jurídicas.

Por otro lado, según ha podido saber este medio, en el cónclave de hoy se vivieron momentos de tensión siendo el presidente de la Sección, Nicolás Maurandi, llamado a capítulo al criticar la actuación de Díez-Picazo. Lesmes lo paró en seco y no permitió que ninguno de los firmantes de la sentencia de las hipotecas pudiera expresar sus reticencias con el presidente de la Sala Tercera.

La reunión comenzó con la intervención del presidente del CGPJ señalando que la misma se celebraba para “controlar los daños producidos” y “no para hacer reproches a nadie”. Por su parte, el presidente de lo Contencioso sólo intervino para “jurar” que su intención avocando a Pleno el asunto no era la de cambiar la doctrina de la Sala sino “clarificar los efectos de la sentencia”.

Lesmes, al rescate de Díez-Picazo

Lo cierto es que la actuación del presidente Luis Díez-Picazo ha supuesto un escándalo social que mantiene muy preocupada a toda su Sala y abochornados a muchos miembros de este órgano. “La rapidez con la que salió en defensa de los intereses del sector bancario –dejando en manos del Pleno la confirmación o revocación de un criterio jurídico firme- ha supuesto un grave menoscabo para la imagen de independencia del Tribunal Supremo”, subraya un miembro del Alto Tribunal.

Durante todo el fin de semana, los teléfonos de los treinta magistrados que componen la Sala de lo Contencioso del Supremo han estado echando humo. Los apoyos que el presidente mantiene en su Sala son mínimos estando ya su mandato en entredicho. De ahí, el intento de Lesmes por ‘salvarlo’.

La reunión comenzó con la intervención de Lesmes señalando que la misma se celebraba para “controlar los daños producidos”

Por su parte, la asociación Jueces y Juezas para la Democracia pidió este lunes la inmediata dimisión del presidente de la Sala Tercera. “No existen precedentes de esta insólita actuación Díez-Picazo: si quería hacer uso de los artículos 197 y 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estas facultades deben de ejercitarse antes del dictado de la sentencia. De lo contrario se enfrenta a la incompetencia, incomprensión, mala imagen de la Administración de Justicia que ha generado, además del consiguiente descrédito de sus propios compañeros a los que preside y que han elaborado una sentencia perfectamente discutida, razonada y razonable”.

Jueces y Juezas para la Democracia considera que el presidente de lo Contencioso “ha realizado una nefasta gestión de este asunto del que es único y exclusivo responsable, ha generado él solo alarma social, ha provocado desconcierto en la ciudadanía que no saben qué hacer con sus hipotecas y toda su economía doméstica, ha generado inseguridad jurídica, ha utilizado indebidamente las facultades legales que la legislación le encomienda a un tribunal colegiado y de la entidad del Tribunal Supremo, y ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces, generando ante la ciudadanía una imagen lamentable de sus juezas y jueces”.

Asimismo, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria ha lamentado la “confusión” generada por Díez-Picazo que “no contribuye a la imagen del Poder Judicial”.

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