PolíticaEscándalo en el Tribunal Supremo

Jueces para la Democracia exige “la inmediata dimisión” del magistrado Díez Picazo

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Jueces para la Democracia exige “la inmediata dimisión” del magistrado Díez Picazo

El magistrado Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala Tercera del Supremo. CGPJ

Resumen:

La asociación Jueces y Juezas para la Democracia ha exigido este lunes la inmediata dimisión del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, por haber tratado de anular una decisión judicial firme que supone un varapalo a la banca, en referencia a la sentencia que dictaminó que las entidades bancarias son las que deben abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria.

En un comunicado, al que ha tenido acceso El Independiente, los jueces progresistas sostiene que “en una actuación sin precedentes, al día siguiente de conocerse la sentencia, ante su enorme repercusión económica y social, Díez Picazo acordó, con carácter urgente, dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recurso de casación pendientes con un objeto similar, y avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado”.

No existen precedentes de esta insólita actuación Díez-Picazo: si quería hacer uso de los artículos 197 y 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estas facultades deben de ejercitarse antes del dictado de la sentencia. De lo contrario se enfrenta a la incompetencia, incomprensión, mala imagen de la Administración de Justicia que ha generado, además del consiguiente descrédito de sus propios compañeros a los que preside y que han elaborado una sentencia perfectamente discutida, razonada y razonable”.

Desde Jueces y Juezas para la Democracia considera que el presidente de la Sala Tercera “ha realizado una nefasta gestión de este asunto del que es único y exclusivo responsable, ha generado él solo alarma social, ha provocado desconcierto en la ciudadanía que no saben qué hacer con sus hipotecas y toda su economía doméstica, ha generado inseguridad jurídica, ha utilizado indebidamente las facultades legales que la legislación le encomienda a un tribunal colegiado y de la entidad del Tribunal Supremo, y ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces, generando ante la ciudadanía una imagen lamentable de sus juezas y jueces”.