El Grupo Popular del Senado quiere llevar a la Fiscalía a una trabajadora de la empresa Crespo Gomar convocada este jueves en la comisión de parlamentaria que estudia la financiación de los partidos. Se trata de Lucia Pascual, de la empresa que supuestamente financió de forma irregular a los socialistas valencianos. Pascual ha acudido a la comisión, lo que es obligado, pero, por recomendación de su abogado, que también se ha trasladado a la Cámara Alta, se ha negado a responder a las preguntas del portavoz del PP, el senador Luis Aznar. Curiosamente, Alberto Gomar, ex gente de esa misma empresa, comparecía antes que Pascual y no ha habido problemas con él.

Según los populares, el letrado de la comisión mantiene «que no sólo hay que acudir a la comisión y sentarse en ella, sino también declarar». El PSOE, que se ha negado a tener representación en esta comisión, así como el resto de los Grupos con representación en el Senado, sostiene que no se puede obligar a nadie a que responda a las preguntas de los parlamentarios y ha pedido otro informe jurídico a los letrados del Senado que determine cuáles son las obligaciones de los comparecientes.

El PSOE ha pedido un informe a los letrados sobre las obligaciones de los comparecientes

El caso es que Luis Aznar «pedirá que se remita a la Fiscalía si hay delito de desobediencia». La petición debe vehicularse a través de la mesa de la comisión -donde el PP tiene mayoría absoluta- a  la mesa del Senado, que también dominan los populares. Es un recurso «de institución a institución», señalan fuentes populares a El Independiente.

Crespo Gomar es una empresa de comunicación que llevó campañas electorales del PSPV y del Bloc, uno de los miembros que conforman la coalición de Compromís. La titular de Instrucción 21 de Valencia señaló en abril pasado  que “indiciariamente nos podríamos encontrar ante unos hechos de financiación irregular» de ambos partidos «además de hechos constitutivos de falsedad documental con carácter continuado, prevaricación y/o malversación”.

“Para lograr el fin conseguido, la mercantil Crespo Gomar facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas durante la campaña electoral del año 2007, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios mediante la confección de facturas falsas, coincidentes en sus cuantías con las presentadas por Crespo Gomar”, añadía el auto y acordaba la inhibición en favor de los juzgados de Madrid, Benidorm y Gandia, si bien, a juicio del fiscal, los posibles delitos de financiación ilegal estarían ya prescritos.

Precisamente,  titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid imputó al ex subsecretario del Ministerio de Vivienda Marcos Vaquer y a Nicolás Mateos, que fue jefe de Gabinete de la ministra socialista Beatriz Corredor, por un contrato de publicidad que pudo financiar irregularmente al PSPV y al Bloc. En cambio, el titular del juzgado de Instrucción número 43 de Madrid archivó en julio la causa contra dos altos cargos del exministro de Sanidad Bernat Soria en la que se investigaba la adjudicación en 2008 de un contrato de publicidad por 184.138 euros que pudo servir para financiar irregularmente al PSPV.