"Merecemos una Justicia de calidad", es uno de los eslóganes de la cuarta huelga de jueces en la historia de la democracia española y que está siendo 'trending topic' este lunes en la red social Twitter. Alrededor de 5.400 jueces y 2.500 fiscales están llamados a secundar la segunda huelga que convocan este año sus asociaciones profesionales para luchar por despolitización de la Justicia, mejoras laborales o reclamar más medios para luchar contra la corrupción. La anterior huelga fue el 22 de mayo, con Rafael Catalá al frente del Ministerio de Justicia, y ahora se enfrenta a ella Dolores Delgado, después de que la semana pasada pararan también durante un día los funcionarios de la administración de justicia y dos horas los letrados judiciales.
Delgado, que se sumó a la movilización de mayo, cuando era fiscal, no ha logrado convencer a sus antiguos compañeros de que desistan de su protesta, aunque esgrime que la mayoría de sus reivindicaciones están en tramitación parlamentaria y ha convocado por vez primera en quince años la Mesa de Retribuciones de jueces y fiscales.
Llaman a un paro en el que mantienen el mismo listado de reclamaciones de mayo; cuando la actual ministra fue a la huelga"
Las asociaciones no ven avances concretos y llaman a un paro en el que mantienen el mismo listado de reclamaciones de mayo y que tiene como primer punto la necesidad de reforzar la independencia judicial y la exigencia de que sean jueces y fiscales quienes elijan a la mayoría del Consejo General del Poder Judicial, en manos ahora del Parlamento, informa Efe.
Tras la crisis generadas por la gestión del caso del impuesto de las hipotecas en el Tribunal Supremo y mientras se suceden las críticas al acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -se ha conocido el nombre del presidente Manuel Marchena antes que la lista de vocales estuviera cerrada en el Parlamento- jueces y fiscales piden inversiones en medios materiales y humanos para mejorar el servicio público que prestan.
Entre dicha reclamaciones se encuentra la de los nombramientos de altos cargos judiciales más transparentes donde haya que definir previamente los perfiles de los puestos a cubrir, con fijación de unos criterios objetivos basados en el mérito y capacidad e igualdad de género. Las asociaciones quieren que en los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de Tribunales Superiores de Justicia será precisa una mayoría cualificada. Además, la Carrera Judicial reclaman recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y que se creen más órganos judiciales para atender el incremento de la litigiosidad y exigen derogar el sistema de plazos máximos de instrucción mientras no haya más medios.
Actuaciones urgentes o inaplazables
Su derecho a la huelga no está regulado y por primera vez el Ministerio ha anunciado su intención de detraer de las nóminas la jornada de paro a los jueces y fiscales que se secunden el paro. Las propias asociaciones han fijado servicios mínimos y la Fiscalía General del Estado ha ordenado que se cumplan todas las actuaciones "urgentes o inaplazables" o que afecten a derechos fundamentales para evitar "daños irreparables". En Madrid, por ejemplo, el paro se escenificará a las 13 horas en los juzgados de Plaza de Castilla.
La anterior huelga fue secundada por más del 65 % de los jueces y el 52 % de los fiscales, según los datos que facilitaron las asociaciones, y obligó a suspender miles de diligencias y vistas en los juzgados.
Por su parte, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de todo el país han emitido un comunicado donde explican que por su "posición institucional como máximos responsables del Poder Judicial en cada comunidad" no se suman al paro aunque denuncian "las graves carencias que cronicamente sufre la Administración de Justicia y que los poderes legislativo y ejecutivo continúan sin corregir" lo que ha desembocado en una situación "insostenible que genera el lógico malestar de toda la Carrera Judicial y Fiscal".
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