El Sindicato Profesional de la Policía ha recurrido la decisión del juez de instrucción número 7 de Barcelona, Francisco Miralles, por no aceptar los informes médico-forense de los “al menos 22 funcionarios” del cuerpo policial que resultaron heridos durante el referéndum del 1-O, aunque sí ha atendido los de los manifestantes independentistas que resultaron heridos en aquella jornada.

En un comunicado, el sindicato de mandos de la Policía Nacional, que está personado como acusación popular en la causa abierta en el Juzgado número 7 de Barcelona, asegura que sus servicios jurídicos han solicitado el reconocimiento-médico forense y el ofrecimiento de acciones a los funcionarios heridos. Recuerda que estos policías actuaron en cumplimiento de lo dictado por los tribunales de Justicia para impedir el referéndum del 1-O, “procediendo al cierre de los colegios y a requisar todo el material relacionado con el referéndum”.

“Con ocasión de las actuaciones policiales resultaron heridos al menos 22 funcionarios de policía, en el ejercicio de sus funciones y cumpliendo el mandato judicial, lo que da idea de la gravedad de la resistencia de los congregados a dejarles cumplir lo ordenado”, argumenta el SPP.

Se queja este sindicato de que el juez ha rechazado que se practiquen reconocimientos médico-forenses a los policías heridos. Por eso ha presentado un recurso de reforma, además de estudiar la solicitud de imputación de “determinadas personas que agredieron y se resistieron de forma grave y violenta a la actuación policial, intentado impedir que cumplieran con el mandato judicial conferido”.

Esta decisión del juzgado de Instrucción 7 de Barcelona se suma a la posición expresada este mes de noviembre por la Audiencia Provincial de Barcelona, en referencia al rechazo de un juez de instrucción a investigar la actuación policial del 1-O. Dijo la Audiencia de Barcelona en su auto, de fuerte contenido político, que deben investigarse a fondo cada una de las actuaciones policiales de aquella jornada y cuestionan que fuese “necesario” el uso de la fuerza, ya que la votación carecía de efectos jurídicos.