Losa de granito que tapa la sepultura de Francisco Franco en la basílica del Valle de los Caídos.
La Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo tiene previsto reunirse este lunes para estudiar si paraliza o no la exhumación de los restos de Franco de la basílica del Valle de los Caídos. Está previsto que la Sección Cuarta del Alto Tribunal comience, a partir de las 10:30 horas, a deliberar sobre la solicitud de medidas cautelares planteada por la familia del caudillo. Para ello, la Sala acordó abrir una pieza separada cuando admitió a trámite el recurso interpuesto por los Franco.
La familia del ex jefe del Estado pidió a principios de este mes al Supremo que suspendiese el acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de noviembre donde se aprobó la "continuación del procedimiento de exhumación de los restos mortales de Francisco Franco" ya que en caso contrario se "conduciría materialmente a la exhumación de su abuelo sin posibilidad de pronunciamiento judicial previo", se "predeterminaría el contenido de la decisión final del procedimiento" y se "vulneraría sus derechos fundamentales".
Los Franco creen que si no se estima la medida cautelar se "convertiría en papel mojado una eventual sentencia que declarase la ilegalidad del acuerdo impugnado, pues entretanto se habría producido la exhumación del cadáver en contra de la voluntad de sus familiares".
Por su parte, tal y como adelantó El Independiente, la Abogacía del Estado se ha opuesto a dichas pretensiones en un extenso escrito de alegaciones. Los servicios jurídicos del Ejecutivo entienden que "la ejecución del acuerdo por el que se ordena la continuación del procedimiento no supone llevar a cabo ninguna exhumación antes de que se haya dictado el acuerdo resolutorio del procedimiento por lo que su no suspensión en ningún caso puede hacer perder su finalidad a este recurso".
Además, el Gobierno defiende que el acuerdo del Consejo de Ministros que ha sido impugnado "no decide directa ni indirectamente sobre la decisión de exhumar los restos mortales, sino que se limita a ordenar los actos de instrucción necesarios para que la decisión final pueda adoptarse teniendo en cuenta los elementos necesarios".
Lo cierto es que la decisión, que es de suma importancia para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, está en manos de los seis jueces de distintas sensibilidades que componen en la actualidad la Sección Cuarta de lo Contencioso. Hay igual número de progresistas que de conservadores en dicho tribunal.
Los togados son los siguientes:
- Jorge Rodríguez-Zapata. Magistrado de carácter conservador. Fue miembro del Tribunal Constitucional entre los años 2002 y 2010.
- Segundo Menéndez. Es el actual presidente de la Junta Electoral Central. Es un juez considerado de carácter progresista. Miembro de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia.
- Pablo Lucas. Se le considera un juez progresista de carácter moderado. Es el magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Es catedrático de Derecho Constitucional.
- Celsa Pico. Ponente del procedimiento abierto a petición de la familia Franco. Magistrada de carácter progresista. Fue la segunda mujer que accedió al Tribunal Supremo. Anteriormente estuvo asociada a Jueces y Juezas para la Democracia.
- Antonio Jesús Fonseca-Herrero. Juez conservador. Fue promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial durante tres años, renunciando al cargo por "motivos estrictamente personales" en 2017.
- José Luis Requero. Magistrado de carácter conservador. Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de la que fue portavoz. Además, fue vocal del Consejo General del Partido Popular entre los años 2001 y 2008.
Por su parte, fuentes jurídicas consultadas por este medio explican que, junto con la opción de resolver este lunes las medidas cautelares -estimarlas o desestimarlas-, la Sala también podría dar un plazo a las partes para que se pronuncien sobre la posibilidad de abrir el trámite de inadmisión del recurso propuesto por la Abogacía del Estado, atendiendo al artículo 51 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.