Urtasun aprovecha el 14 de abril para anunciar la disolución de la Fundación Francisco Franco

El Gobierno ha dado un paso más en el proceso para extinguir la Fundación Nacional Francisco Franco. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha firmado la resolución que pone fin a la vía administrativa y abre la puerta a solicitar “de forma inminente” su disolución ante la Justicia.

El anuncio ha tenido lugar este 14 de abril, día de la Segunda República, día simbólico para la izquierda española. Urtasun ha hecho el anuncio a través de un vídeo difundido en Instagram, en el que ha mostrado el expediente que será remitido al juez. Según ha explicado, el documento reúne informes jurídicos, análisis de la actividad de la entidad y testimonios de víctimas del franquismo.

"Hoy es 14 de abril y esto que tengo aquí es el expediente final que acabo de firmar para remitirlo al juez para el proceso de cierre de la fundación", ha subrayado el ministro sentado a la mesa de su despacho. Urtasun ha asegurado que el expediente concluye que la fundación no cumple fines de interés general y que, además, desarrolla actividades que suponen “menosprecio y humillación” a las víctimas, vulnerando sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. En el vídeo, el ministro ha citado ejemplos de contenidos difundidos por la entidad, como referencias a la dictadura o a la Segunda República, para sostener que existe una labor de exaltación del franquismo.

Un proceso que se remonta a 2024

El titular de Cultura ha defendido que el procedimiento se ha llevado a cabo “con todas las garantías”, tras meses de recopilación de información, análisis de documentos y revisión de alegaciones presentadas por la propia fundación, que finalmente han sido rechazadas.

Los trámites se iniciaron en junio de 2024, cuando el Ministerio de Cultura, del que depende el Protectorado Estatal de Fundaciones, comenzó a recabar información sobre la actividad de la entidad. Con la finalización del expediente administrativo, el Ejecutivo traslada ahora la decisión al ámbito judicial.

El Gobierno basa su actuación en la Ley de Memoria Democrática, cuya disposición adicional quinta contempla la extinción de fundaciones que no persigan fines de interés general o desarrollen actividades contrarias a los mismos. A juicio del Ejecutivo, concurren “de manera fehaciente” las causas legales para solicitar su disolución.

La decisión final corresponderá ahora a un juez, que deberá evaluar el contenido del expediente y determinar si procede la extinción de la fundación.