Sociedad Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por la Constitución (ACC) han presentado escrito al Tribunal de Cuentas para denunciar a Carles Puigdemont y los miembros de su gobierno por la responsabilidad económica derivada de la celebración del referéndum ilegal del 1-O. Una responsabilidad que la denuncia sitúa en un importe no inferior a los 1,9 millones que la Fiscalía imputa a los procesados por el 1-O en el Tribunal Supremo y que podía alcanzar los 80 millones de euros si se contemplan los gastos derivados de la consulta.

Las entidades constitucionalistas aprovechan así la vía abierta por la sentencia del Tribunal de Cuentas contra Artur Mas, Quico Homs, Irene Rigau y Joana Ortega por su responsabilidad en la celebración de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. El pasado noviembre, el Tribunal de Cuentas condenó a Mas, Homs, Ortega y Rigau a devolver 4,9 millones de euros a la Generalitat, acogiéndose así a la doctrina de la Fiscalía, que se sumó a la denuncia original de SCC y ACC, pese a que el Tribunal Supremo les había absuelto del delito de malversación en el juicio penal por el 9-N.

En el escrito presentado ahora contra Puigdemont, Oriol Junqueras y los doce consellers de su gobierno los denunciantes advierten que los miembros del Govern «destinaron fondos públicos de la Generalitat que estaban a su cargo por un importe no inferior a 1.971.601,20 euros a financiar el referéndum de secesión abiertamente ilegal que se celebró el 1 de octubre de 2017, y que ellos mismos habían convocado por decisión colegiada y solidaria mediante decreto del Govern  de 6 de septiembre de 2017». Se trata de la cantidad que el instructor del procés, Pablo Llarena, ha considerado probada en su escrito de acusación por rebelión y malversación contra los responsables del procés.

Sociedad Civil advierte además que ha resultado perjudicada la Administración del Estado por los gastos de desplazamiento, manutención y estancia del contingente desplazado de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que fueron financiados con fondos públicos por un importe de 87 millones de euros, abriendo la puerta a que los acusados tengan que responder también por esa cantidad. La cuantía del procedimiento se considera indeterminada hasta que el instructor del Tribunal de Cuentas determine su importe en el acta de liquidación provisional.

Las entidades destacan además en su escrito que tanto Puigdemont como los demás miembros de su Gobierno actuaron con dolo, porque «eran plenamente conscientes de la ilegalidad del referéndum que organizaron y financiaron, y actuaron con pleno conocimiento de que la finalidad de los gastos que se ordenaban o autorizaban con la convocatoria era contraria al orden jurídico, constituyendo por tanto una actuación dolosa generadora de responsabilidad contable».