Sociedad Civil Catalana, la entidad constitucionalista que durante los último año ha conseguido aglutinar a los contrarios a la independencia en movilizaciones masivas como la del 8 de octubre de 2017, corre el riesgo de partirse en dos por la pugna interna entre sectores próximos al PP y los socios cercanos al PSC, que han protagonizado un asalto a la dirección de la entidad. El actual presidente de la organización José Rosiñol, ha sido destituido y acusado por el vicepresidente Alex Ramos de desvío de fondos por pagos de SCC a una empresa participada por Rosiñol. Pero fuentes de SCC apuntan a una batalla por el poder en la entidad entre el sector próximo al PP, que representan Rosiñol y la vicepresidenta Miriam Tey, y el próximo a los socialistas catalanes, liderado por Ramos.

La nueva Junta de SCC ha emitido un comunicado en el que defiende la «reestructuración de cargos» a la espera de la asamblea de socios prevista para el 17 de enero. Se remiten a «desacuerdos en los procesos de toma de decisiones, completamente ajenos a criterios ideológicos, y en la gestión económica de la entidad» para explicar que los nueve miembros presentes ayer, de los catorce que integran la dirección, acordaron «por unanimidad» nombrar a Álex Ramos nuevo presidente; a Isabel Fernández Alonso, vicepresidenta; a Irene Álvarez, secretaria; y a Xavier Marín, tesorero.

El sector crítico forzó ayer la sustitución de los vicepresidentes Rosiñol y Tey y el tesorero, Ferran Brunet, según avanza Crónica Global, con la acusación de tomar decisiones al margen de la Ejecutiva. Ramos, el nuevo presidente, acusa a Rosiñol de haber contratado sin acuerdo de la Ejecutiva a la empresa Manifiesto, de la que forma parte, por un total de 620.000 euros este año y 584.000 en el pasado ejercicio. Le recriminan además la opacidad de esos contratos y que se haya negado a dar explicaciones a la Ejecutiva.

Desde el sector liderado por Rosiñol niegan estas acusaciones y lamentan el ataque por las consecuencias que pueda tener para la «marca» de SCC, que había conseguido aglutinar sin fisuras al constitucionalismo catalán, más allá de los partidos políticos. La asamblea convocada por Rosiñol para el 17 de enero deberá resolver la crisis, ratificando a los nuevos líderes de la organización o a los sustituidos. «La asamblea convocada para el 17 de enero es la única soberana y ahí se ratificarán los cargos, habrá que ver cuales serán» advierten estas fuentes.

«La defensa es siempre más difícil que una acusación, aunque sea difamatoria» añaden. Y recuerdan que Alex Ramos ha concurrido a elecciones como candidato del PSC, cosa que dentro de la filosofía de SCC «es un claro conflicto de intereses», advierten.

Batalla política

Fuentes del PP catalán han evitado valorar la crisis de Sociedad Civil, pero señalan la coincidencia de esta crisis con la presentación, ayer, de una demanda contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de su gobierno ante el Tribunal de Cuentas por su responsabilidad en los costes del 1-O. Una demanda a la que hoy se ha sumado la Fiscalía General del Estado.

En este contexto, la batalla por el poder en la entidad llega en un momento en el que los intereses de PP y PSC difieren cada vez más abiertamente en su estrategia frente al independentismo. La ruptura llega precisamente cuando los socialistas se esfuerzan por rehacer los puentes de diálogo con la Generalitat de Quim Torra. Un esfuerzo que ha cristalizado con el apoyo de PDeCat y ERC al nuevo techo de gasto propuesto por el Gobierno, básico para la aprobación de los Presupuestos Generales.

Este apoyo no es en absoluto ajeno a la «minicumbre» que ambos ejecutivos celebrarán esta tarde en el Palacio de Pedralbes, que se ajusta bastante a las pretensiones de la Generalitat para dar la imagen de una relación de bilateralidad de nivel casi estatal. Ni al fin de la huelga de hambre de los cuatro presos de JxCat. Un contexto de intento de desactivación de la tensión entre ambos gobiernos que se examinará mañana, cuando el Consejo de Ministros sea respondido con movilizaciones y actuaciones de los CDR por toda Cataluña.