La justicia ha condenado al pago de una multa de 4.380 euros al regidor de la CUP de Badalona José Téllez, al que imputa un delito de desobediencia grave por impedir, junto a Jordi Cuixart, que la policía local de su ayuntamiento requisara carteles propagandísticos del referéndum ilegal del 1-O. El incidente se produjo el 25 de septiembre de 2017, cinco días antes del referéndum, cuando Téllez y Cuixart acudieron en ayuda de un grupo de activistas de Òmnium a los que la policía local del municipio había requisado el material propagandístico en cumplimiento de una orden de la Fiscalía de Barcelona.

Según el informe policial Téllez, que entonces era tercer teniente de alcalde de Badalona, se personó junto al presidente de Òmnium después de que cinco activistas de la entidad independentista fueran identificados por la policía local y realizaran diversas llamadas a su organización para denunciarlo. Los urbanos les habían requisado carteles de la campaña «Hola República», «Hola Nuevo País» y «Hola Europa» en favor del referéndum, que ya había sido anulado por el Tribunal Constitucional, y contra el que la Fiscalía de Barcelona había dictado órdenes «para evitar la consumación o agotamiento de los delitos» con la celebración del referéndum ilegal.

«Con el pretexto de ser miembro de la corporación local», advierte el auto, Téllez instó a los agentes a devolver los carteles incautados, y cuando éstos señalaron que cumplían órdenes de la Fiscalía «con claro propósito de menoscabar la autoridad de los agentes como Policía Judicial, so pretexto de ser meros agentes dependientes de la Alcaldía de Badalona, alegando ser el único responsable, abrió el vehículo y procedió a la entrega del material». Todo ello, mientras era jaleado por los congregados al grito de «hemos ganado» según recoge el informe policial.

En un auto especialmente duro, la juez señala que «pese a intentar tergiversar lo realmente sucedido, lo cierto es que los hechos son simples» y le recrimina un «claro abuso de poder». Añade tras la descripción de lo sucedido que «el acusado se mantiene en que su intervención fue de mero mediador y en defensa de los derechos civiles de los ciudadanos; y lo cierto es que los carteles estaban ya incautados y los derechos civiles estaban siendo defendidos por los agentes de la Guardia Urbana de Badalona».

«No solo faltó al respeto que merece un agente policial» apunta la magistrada en su auto, «sino que se prevalió de su cargo para doblegar la voluntad de los mismos ante unos ciudadanos más que interesados en conculcar las órdenes emitidas por la Fiscalía».

No era el primer encontronazo de Téllez con la justicia, que ya desoyó en 2015 cuando rompió ante el Ayuntamiento de Badalona el requerimiento para respetar el festivo nacional del 12 de octubre y no abrir las dependencias municipales. Téllez convocó a los medios de comunicación para romper el requerimiento judicial a las puertas del Ayuntamiento, que después procedió a abrir para que algunos funcionarios municipales accedieran a sus puestos.