El Partido Popular no acudirá a la manifestación del 8M que se celebra este viernes en Madrid para conmemorar el Día de la Mujer. El PP ha emitido este miércoles un comunicado en el que denuncia que la convocatoria está «politizada» y es «partidista», y confirma que la formación de Pablo Casado no estará presente. Será el único partido con representación parlamentaria que no acuda, aunque Vox tampoco estará presente. Ciudadanos sí respalda la movilización.

Este miércoles el partido afirmado que a la marcha asistirían la vicesecretaria de Comunicación, Marta González, la de Política Social, Cuca Gamarra, y la secretaria de Igualdad, Mari Mar Blanco.

«Lamentamos que los partidos de extrema izquierda pretendan monopolizar esta convocatoria», dice ahora el PP en su comunicado de prensa, en el que asegura que los organizadores buscan «la división y el enfrentamiento entre hombres y mujeres, e incluso entre mujeres de ideologías distintas».

El PP ya criticó la convocatoria de huelga feminista del 8M del año pasado con los mismos argumentos, y la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, llegó a decir que haría «huelga, pero a la japonesa». «El Partido Popular siempre ha trabajado y continuaremos haciéndolo para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de todos», dice el partido en esta ocasión.

En lugar de acudir a la manifestación, por tanto, el PP asegura celebrará el Día de la Mujer con las mujeres candidatas del partido y con colectivos «que trabajan mirando al futuro por una sociedad en la que prime el mérito, la capacidad y la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres». En ese encuentro, dice el PP, la formación «leerá su propio manifiesto».

El manifiesto de los convocantes en esta edición tiene varios puntos con carga ideológica que incomodan especialmente al PP. Por ejemplo, pide «romper con las fronteras, el racismo y la xenofobia que nos atraviesa y recorre toda la sociedad» o aboga por «un mundo donde nadie muera en el mar, sin muros, alambres, vallas, concertinas ni CIEs, porque ningún ser humano es ilegal». También habla incluso de «construir una economía sostenible, justa y solidaria que gestione los recursos naturales de forma pública y comunitaria, que esté en función de las necesidades humanas y no del beneficio capitalista».