Era de esperar que el independentismo usará la sesión constitutiva de las Cámaras para volver a hacer un alegato de su causa y mucho más los presos preventivos acusados de delitos muy graves contra la Constitución. Durante el proceso de jura o promesa se ha podido escuchar, -las más de las veces a duras penas por las palmadas de los diputados de Vox- hablar del “mandato del 1 de octubre”, de los “presos políticos” y de “la república catalana” ante una presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que ha dado por buenas todas las fórmulas.

El PP, sin embargo, llevará a la mesa de la Cámara la petición para que se analicen muchos de esos juramentos, según ha anunciado Pablo Casado en una comparecencia ante la prensa, al objeto de que los servicios jurídicos estudien si todos los parlamentarios han adquirido la condición de tal una vez que parece claro que no ha habido un acatamiento de la Constitución.

En un escrito presentado a la mesa del Congreso, el PP entiende que numerosos diputados electos “no emitieron una respuesta clara e inequívoca de acatar la Constitución” sino que la fórmula de juramento o promesa “fue precedida o proseguida por expresiones limitando su eficacia y estableciendo condiciones de tal naturaleza que, a nuestro juicio, vician de nulidad el referido acatamiento”.

“Lo que se pretende es eludir el juramento o promesa”

Tras destacar que tales juramentos “fueron admitidos, de manera insólita”, por Batet, defienden que expresiones como “desde el compromiso republicano y como preso político y por imperativo legal”, que ha usado Oriol Junqueras, o la “lealtad al mandato del 1-O” de Jordi Sánchez o Jordi Turull, suponen que el acatamiento constitucional, según el PP, “no se ha producido de forma clara e inequívoca, sino que, al contrario, con tales fórmulas lo que se ha pretendido es limitar, condicionar o eludir el juramento o promesa” de acatar la Constitución.

En su escrito a la mesa el PP critica el “espectáculo impropio de la institución que alberga la soberanía nacional” y que “ha causado indignación ente la mayoría de la sociedad española”. Todo ello, agregan “con el consentimiento de quien ya estaba investida como presidenta de la Cámara, quien debía haber intervenido para reconducir la situación y reconvenir a los diputados que así han actuado”.

Los independentistas “han venido a ultrajar la Ley de leyes”

Casado ha calificado de “vergüenza nacional que el PP no puede tolerar” lo ocurrido hoy en el Congreso incluido ese “no te preocupes” que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha respondido al preso preventivo Oriol Junqueras cuando se ha acercado a su escaño para decirle “tenemos que hablar”. Los independentistas, según Casado, “han venido a ultrajar la Ley de leyes”, al tiempo que ha insistido en la existencia de un “pacto oculto” entre Sánchez y los secesionistas que pasa por ser “condescendientes” con ellos.

El ruido de Vox “es lo accesorio”

Interrogado sobre el ruido que han hecho los diputados de Vox para impedir que se escucharan las soflamas independentistas, ha respondido que eso es “accesorio” frente a lo fundamental y alegado que no lo han hecho los miembros de su grupo, aunque alguno se ha sumado a la protesta. Y lo fundamental frente a lo accesorio es, a su juicio, que “aquí se ha humillado a la democracia española, una de las más admiradas del mundo”.

Además, el líder popular ha insistido en la exigencia de que la nueva mesa del Congreso suspenda “de inmediato” a los presos preventivos conforme establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal al tiempo que ha anunciado que registrarán una iniciativa para que el proceso de jura o promesa con la que se adquiere la condición de parlamentario no se entienda como algo protocolario sino “constitutivo”, con trascendencia institucional.

El PP ya ha terminado el escrito que dirigirá a la Mesa para pedir la suspensión de la condición de diputados de los procesados por el Tribunal Supremo, esto es, de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull, y Josep Rull. También Ciudadanos aboga pro la suspensión imediata pero lo más probable es que la Mesa pida, con los votos de PSOE y Podemos, un informe a los servicios jurídicos de la Cámara. Aunque alargue el proceso, la suspensión será efectiva y así lo ha admitido la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo.