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Política

Varapalo de Transparencia a Calvo por ocultar las cartas con el Vaticano

El organismo da 10 días a Presidencia para entregarle a un ciudadano toda la correspondencia cruzada con el 'número dos' de la Santa Sede / El Gobierno le denegó la petición alegando "confidencialidad" pese a desgranar en público su contenido

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno saca los colores a Carmen Calvo y le da un plazo máximo de diez días hábiles para entregar “toda la correspondencia” que cruzó con la Santa Sede en relación con el traslado de los restos de Franco a un ciudadano que la había solicitado formalmente. El intercambio epistolar se produjo a principios de año, cuando el Ejecutivo intentó presionar al Vaticano para lograr la autorización necesaria para acceder a la basílica del Valle de los Caídos a fin de llevar a cabo la exhumación ante la negativa del prior a dar el preceptivo consentimiento.

En una resolución fechada este miércoles, a la que ha tenido acceso este diario, el organismo independiente encargado de promover la transparencia de la actividad pública estima la reclamación presentada por el abogado extremeño Isaac Ibáñez y reconoce a éste el derecho a conocer el contenido de las misivas que la ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad envió y recibió del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin entre enero y febrero pasados. Calvo dispone ahora de dos meses para presentar recurso ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid si no está de acuerdo con la decisión.

El pasado 22 de febrero, Ibáñez presentó una petición de información ante la unidad de transparencia del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad para conocer “toda la correspondencia entre el Gobierno y el Vaticano (Santa Sede) relativa a la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos”.

La solicitud se formalizó el día que El Independiente desveló en exclusiva que el Ejecutivo había filtrado una interpretación sesgada de la misiva con que Parolin había contestado a Carmen Calvo el pasado 14 de febrero. Lejos de la versión interesada que el Gobierno de Pedro Sánchez había trasladado, el número dos de la Santa Sede dejó claro en su carta que Roma “no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta a la jurisdicción española” y que era el Tribunal Supremo el órgano que tendría que resolver si el dictador ha de salir de Cuelgamuros.

El organismo da ahora diez días a Presidencia para entregar la correspondencia con el ‘número dos’ de la Santa Sede a un ciudadano

El pasado 19 de marzo, tres días antes de que expirara el plazo que tenía Presidencia para contestar, el departamento que dirige Carmen Calvo comunicó al solicitante que le denegaba el acceso a la información al concurrir -en su opinión- uno de los 12 límites establecidos en el artículo 14.1 de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y transparencia. En concreto, la causa alegada es la detallada en la letra ‘c’: “Las relaciones exteriores”.

Para justificar la denegación, el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad razonaba en su resolución que uno de los principios básicos de las relaciones internacionales entre estados es el “carácter confidencial de las comunicaciones que mantienen entre ellos”, articuladas con frecuencia “a través de cartas o notas verbales”. “La publicación de dichas comunicaciones sería susceptible de comprometer las relaciones con el país en cuestión y, en todo caso, afectaría a la confianza mutua en la que deben desarrollarse las relaciones diplomáticas entre países”, defendía.

El Consejo de Transparencia tira por tierra el argumento de que la difusión de las misivas podría “implicar un perjuicio a las relaciones exteriores” con varios razonamientos inapelables. Así, el organismo llama la atención sobre el hecho de que el Gobierno niegue dichas cartas cuando integrantes del gabinete de Pedro Sánchez habían hecho referencia al “contenido de la correspondencia” con el Vaticano en manifestaciones públicas.

Sin ir más lejos, la propia Carmen Calvo. En una entrevista publicada en La Vanguardia el pasado 17 de febrero, la número dos del Ejecutivo se manifestó en los siguientes términos a la pregunta de si se materializaría el traslado de los restos del dictador antes de las elecciones generales del pasado 26 de abril: “El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, me escribió el jueves diciendo que está a favor de que se exhumen los restos de Franco y que eso lo tiene que hacer la autoridad competente. Lo dice literalmente. Y la autoridad competente es el Gobierno”.

Invocación a la “confidencialidad”

El organismo que promueve la transparencia pública deja al desnudo la opacidad con la que ha actuado en esta cuestión el Ministerio de la Presidencia. “Si bien pudiera tenerse en cuenta que la naturaleza del objeto de las comunicaciones debiera verse en el marco de las relaciones exteriores de nuestro país y, por tanto, analizarse su acceso desde la perspectiva de un eventual perjuicio a las mismas, podemos concluir que la pretendida confidencialidad que la Administración (…) quiere conferir a la documentación solicitada no ha sido por ella misma preservada. Y ello debido a las declaraciones públicas hechas por miembros del Gobierno en las que se apuntaba el contenido de dicha correspondencia. No parecería lógico, por lo tanto, afirmar la confidencialidad de las conversaciones mantenidas -y reflejadas en los textos de unas cartas- cuando se realizan declaraciones públicas que desgranan el contenido de las mismas o, al menos, la postura en ellas recogidas”, razona el Consejo de Transparencia en la resolución por la que ha estimado la reclamación presentada por Isaac Ibáñez.

El organismo reprocha que el Gobierno invocara el carácter “confidencial” para denegar el acceso a las cartas y sin embargo hablara de su contenido en público

El organismo independiente no pasa por alto tampoco el hecho de que, cuando el departamento de Carmen Calvo denegó el acceso a la información, hacía ya más de tres semanas que El Independiente había reproducido el contenido íntegro tanto de la carta que la vicepresidenta le había enviado al cardenal Parolin el 18 de enero -en la que le instaba a evitar un “conflicto jurídico y político” indeseado- como el de la misiva con la que el secretario de Su Santidad le había respondido 27 días después.

“En una sencilla búsqueda en internet puede accederse al comunicado remitido por el Vaticano con ocasión de una reunión mantenida por ambas partes a finales de octubre de 2018 así como lo más relevante en lo que a la presente reclamación concierte: el texto completo de la carta remitida por el Vaticano en respuesta a la misiva enviada anteriormente por el Gobierno español”, añade el Consejo de Transparencia.

La exhumación de los restos de Franco, el proyecto ‘estrella’ de Pedro Sánchez y que éste pretendía ejecutar el pasado verano, está suspendida cautelarmente a la espera de que el Supremo entre en el fondo y dicte sentencia. El Alto Tribunal estimó el pasado 4 de junio la medida provisional solicitada por los nietos de Franco, la abadía benedictina, la Fundación Nacional Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos.

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