La portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, ha asegurado hoy que el Consell Executiu no ha dedicado ni un minuto a discutir la crisis entre los dos partidos que lo integran a cuenta del pacto de JxCat con el PSC para gobernar la Diputación de Barcelona. “El govern es granítico” ha asegurado Budó, quien ha reconocido que “no es monolítico, porque está formado por dos partidos, pero tiene claro que hay que trabajar como Govern de forma leal para sacar adelante políticas en favor de la ciudadanía de Cataluña”.

“Nos hemos conjurado para seguir trabajando mas allá de que los partidos pueden tener discrepancias” ha repetido una y otra vez la portavoz, negando que esta crisis vaya a forzar una reunión como la mantenida por Quim Torra y Pere Aragonés tras la crisis de las suspensiones a los diputados presos, o que el vicepresidente Aragonés haya trasladado al Consell Executiu la preocupación que los últimos días ha exhibido en los medios sobre le futuro de la hacienda catalana si los socialistas presiden la Diputación de Barcelona.

Tan concienciada estaba esta vez Budó de que no podía salirse del guión, que ni siquiera ha podido confirmar si el PSC sigue siendo un partido “del bloque del 155” como ha repetido en numerosas ocasiones desde el atril del Palau de la Generalitat. Antes, eso sí, de que los socialistas pactaran con su partido.

“Hemos tocado fondo”

Los argumentos de Budó no han conseguido diluir, sin embargo, la sensación de que el independentismo catalán está al borde de la guerra civil. La Diputación de Barcelona amenaza con convertirse en la gota que colma el vaso de los desencuentros acumulados desde hace más de dos años para hacer estallar una alianza de circunstancias que cada vez parece tener menos sentido. “Hemos tocado fondo” reconocía ayer Elsa Artadi, apremiando a los republicanos a “decidir si nos parece bien cómo están las cosas o bien ir a buscar la unidad”. Todo ello, después de un fin de semana tan intenso en reproches cruzados como en encuentros al más alto nivel.

Mientras Sergi Sabrià, portavoz de ERC, acusaba a Junts de “mentir” en sus argumentos para escoger al PSC como socio de gobierno en la Diputación de Barcelona, la ANC y Omnium reunían en Ginebra a Carles Puigdemont y Quim Torra con Marta Rovira -todavía secretaria general de ERC- y la dirigente de la CUP Anna Gabriel para buscar una respuesta conjunta a la sentencia del juicio del procés prevista para el próximo otoño. Y ahí está la clave de la crisis desatada por la Diputación de Barcelona: JxCat y ERC ya no tiene un objetivo común que justifique una alianza anti natura: sin un referéndum ni la promesa de una declaración unilateral de independencia que ERC cada vez dilata más, sin una estrategia común sobre claro cómo afrontar la sentencia, no hay comunidad de intereses que sostenga la alianza entre dos partidos que luchan abiertamente por el mismo espacio político.

El mejor ejemplo de esa disonancia han sido los esfuerzos de los equipos de prensa de ambas formaciones por trasladar a los medios el listado de pactos del rival con “los partidos del 155”, singularmente el PSC. Es decir, el listado de agravios que justifica cada nuevo pacto con los socialistas. Esto es, los 28 municipios en los que gobierna ERC gracias a pactos con los socialistas u otros partidos en el conjunto de Cataluña. Se trata de municipios pequeños, con tres excepciones muy dolorosas para los neoconvergentes: Sant Cugat, Figueras y Tàrrega y Platja d’Aro.

Pactos variables, también para JxCat

El propio Ferran Bel, secretario de Organización del PDeCat, lo reconocía ayer recordando que desde el día después de las elecciones fijaron como prioritarios los tres primeros municipios en sus conversaciones con Esquerra. Una prioridad que obviamente fue desatendida por los republicanos. El único municipio en el que se ha producido el proceso contrario es Cervera, bien destacado por el republicano Pere Aragonés para exponer sus argumentos. Pero “no podemos comparar el peso político y demográfico de Sant Cugat con el de Cervera” señalaba el portavoz parlamentario de JxCat, Eduard Pujol, para rechazar el argumento de ERC.

Más allá de los agravios, el movimiento de JxCat al pactar con el PSC la Diputación de Barcelona tiene un elemento profundamente estratégico para los neoconvergentes: abrir el tablero de los pactos también para JxCat. Hasta ahora, el partido de Puigdemont permanecía rehén de su discurso legitimista, que le obligaba a buscar pactos solo con ERC o la CUP. Mientras, Esquerra no sólo cierra pactos locales con el PSC, sino que también señala abiertamente a los comunes como su socio prioritario en el futuro próximo. Lo hizo Gabriel Rufián el miércoles, en el transcurso de un debate entre partidos de izquierdas organizado por la Universidad Catalana Progresista, al que no estaba invitado JxCat pero sí el PSC y los Comunes, además de ERC y la CUP.

El pacto de la Diputación de Barcelona es un toque de atención de Junts a los republicanos, a los que vienen a decir que la libertad de pactos abre nuevas opciones para ambos partidos. Y dado que ERC es la principal amenaza para el PSC en el área metropolitana, es más fácil que los socialistas decidan buscar a Junts como socio de gobierno no sólo en la Diputación, sino también en consejos comarcales -ya han cerrado acuerdos contra ERC en los de Maresme y La Selva- y especialmente el gobierno del Área Metropolitana de Barcelona, otra palanca de poder de la administración supramunicipal fundamental para el devenir de los ayuntamientos.

Una ventaja estratégica que, junto a la indudable importancia de participar en la gestión de un presupuesto de casi mil millones de euros anuales, explica por qué esta vez Carles Puigdemont sí estaba de acuerdo con el pacto con los socialistas. No así el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que se ha opuesto firmemente al acuerdo.

La hacienda catalana, en riesgo

Precisamente el peso real de la política que se hace desde estas instituciones fue uno de los argumentos repetidos ayer por Pere Aragonés. Normal. Desde su despacho en la Conselleria de Economía Aragonés sabe bien que las diputaciones son fundamentales para una de las principales “estructuras de Estado” construidas por el independentismo en los últimos años: la hacienda catalana.

La Generalitat no tiene competencias en la recaudación de tributos, que corresponden a la Agencia Tributaria. Pero las diputaciones sí gestionan los tributos locales en nombre de los municipios pequeños y medianos, y el Govern ha conseguido que las diputaciones transfieran esa competencia de forma encubierta, al crear una agencia tributaria catalana que unifica los tributos locales y autonómicos. Una estructura fruto de los dos últimos mandatos de presidencia de CiU en la Diputación de Barcelona, hasta hace ocho años siempre en manos socialistas.

“Qué creen que pasará con la hacienda catalana con un socialista en la presidencia de la Diputación de Barcelona” se preguntaba ayer Aragonés, recordando la diferencia de peso demográfico y económico de este ente provincial con las diputaciones de Girona, Lleida y Tarragona, donde JxCat y ERC sí han pactado para repartirse las presidencias en función del partido más votado en la demarcación.