El ex jefe de seguridad del BBVA Julio Corrochano ha abonado la fianza de 300.000 euros fijados por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para eludir su ingreso en prisión preventiva por su implicación en Tándem, caso en el que se investiga los negocios del comisario jubilado José Manuel Villarejo, han informado fuentes jurídicas. Corrochano está investigado por su relación con el excomisario -en prisión preventiva desde noviembre de 2017- con quien habría actuado de interlocutor con el BBVA para el desarrollo de los contratos que de, acuerdo a la investigación, habría ido encadenando durante una década una mercantil del policía para supuestas tareas de inteligencia y a cambio de ingentes cantidades de dinero.

Tras comparecer el pasado viernes 6 de julio como investigado por estos hechos y acogerse a su derecho a no declarar, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, dio un plazo de 15 días a Corrochano para consignar la cantidad de 300.000 euros para eludir la prisión. Asimismo, el magistrado impuso las medidas cautelares de retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y obligación de comparecer mensualmente en el juzgado más cercano a su domicilio, tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción.

En concreto, se le investiga, entre otros, por delitos de cohecho, corrupción entre particulares y vulneración de la intimidad en un contexto de operaciones entre el BBVA y Cenyt que podrían superar los 10 millones de euros durante un plazo superior a 13 años, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Contratos millonarios para labores de inteligencia

Estos contratos millonarios para desempeñar supuestas labores de inteligencia para el BBVA forman la novena pieza separada del caso Tándem, en las que se investigan tareas en las que se habrían incluido escuchas y espionaje a miembros del Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero.

De acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas, la relación entre mercantiles del comisario, como el grupo Cenyt, y BBVA se habría prolongado durante más de una década en la que se sucedieron encargos para tareas diversas, lo que ha convertido esta pieza separada en una 'macrocausa' en sí misma con numerosas ramificaciones, incluida la que señala directamente a Corrochano como presunto interlocutor de Villarejo con la dirección del banco.

La parte más conocida de esta pieza que permanece bajo secreto es la relativa a la 'operación Trampa', el despliegue que habría orquestado el comisario para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración de BBVA. Según publicaron Moncloa.com y El Confidencial, Villarejo facturó más de medio millón de euros a cambio de informes que incluían la monitorización de más de 4.000 teléfonos y seguimientos a periodistas, empresarios y políticos entre 2004 y 2005, incluido el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián; personado como acusación en la causa.

Tras la difusión de la existencia de aquellos negocios con Villarejo a principios de este año, el ya presidente de honor del BBVA Francisco González presentó su renuncia al cargo y la nueva presidencia encargó una auditoría y una investigación internas para esclarecer los hechos.