«Es importante aclarar que el plan sigue vigente». Es la primera frase con la que Janet Sanz, tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, ha iniciado hoy todas su intervenciones en medios públicos para comentar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anula el Plan de ordenamiento turístico de la ciudad, el PEUAT, dando la razón al recurso planteado por Olivia Hotels por la falta de memoria económica en la regulación municipal. El Ayuntamiento defiende su regulación, consciente de que queda mucha batalla legal por delante, pero empieza a asumir que deberá renegociar esa regulación con el sector e introducir cambios.

Los tribunales deben dirimir todavía un centenar de causas abiertas contra la regulación hotelera de Ada Colau. Y las dos sentencias conocida ayer, aunque no sean firmes, han sido un espaldarazo para las pretensiones del sector hotelero de la ciudad. La ya citada cuestiona el plan completo, aunque el juez defiende el fondo de la regulación y la potestad del Ayuntamiento para poner límites al crecimiento del turismo. Y la segunda cuestiona una de las medidas más polémicas del PEUAT, la reducción de un 20% de las plazas en cualquier hotel ya existente del centro de Barcelona, la zona cero de crecimiento turístico fijada por el plan municipal, en el que se realice una reforma integral del establecimiento.

«Estamos abiertos a seguir trabajando algunos aspectos» ha asegurado Sanz en declaraciones a Ser Catalunya, «pero estamos convencidos de que Barcelona necesita un plan como este, que ha venido para quedarse» ha advertido. La regidora ha apuntado que en los últimos días se han conocido una decena de sentencias, «cinco sentencias han sido favorables» para el Ayuntamiento, y las otras cuestionan «parcialmente» el PEUAT, según Sanz, fijando «puntos a revisar».

En este contexto, ha criticado que la sentencia en la que se anula el PEUAT por falta de una memoria económica y ha apuntado al voto particular de una de las magistradas que cuestiona esta necesidad. Sanz ha asegurado que el Ayuntamiento hizo los preceptivos informes económicos para prever las consecuencias de su regulación y ha argumentado, a modo de ejemplo, que «incluimos partidas en los presupuestos para posibles indemnizaciones o expropiaciones» a las empresas afectadas por la regulación hotelera.

Euforia hotelera

Sin embargo, los hoteleros no ocultan su satisfacción por el apoyo judicial a sus reivindicaciones. El sector tiene claro que la sentencia del contencioso administrativo del TSJC «obliga» sí o sí al Ayuntamiento a revisar el PEUAT, que podría verse definitivamente anulado en instancias superiores si el Ayuntamiento decide ir a casación. Por eso el Gremi d’Hotelers se felicitaba ayer porque el TSJC «haya decidido anular el PEUAT en su integridad» y no sólo el polémico artículo 15,4 que impone la reducción del 20% dentro de la zona de especial protección del PEUAT.

Tras un primer mandato de Ada Colau en el que el Gremio lamentó la nueva voluntad de diálogo del gobierno local, ahora los hoteleros se sienten en posición de fuerza a la espera de que siga el goteo de sentencias, hasta el total de 120 recursos interpuestos por distintas empresas hoteleras afectadas por el plan de Colau.

Las sentencias «avalan algunas de las principales reclamaciones que la entidad venía haciendo ddesde sus inicios con respecto al PEUAT» apunta el Gremi en un comunicado en el que advierte de que esas resoluciones judiciales «marcan el camino» al gobierno local, que no es otro que «el necesario replanteamiento del actual plan».

También los grupos de la oposición apuntan a la necesidad de reformar un plan que en su momento contó con el apoyo de ERC y PSC, además de los comunes. Elsa Artadi, portavoz de JxCat en el Ayuntamiento celebra la anulación de «uno de los artículos más polémicos, irracionales e injustos» de la regulación, en referencia al 15,4, y reclama al gobierno local que no recurra la decisión judicial.

La líder de Cs en el Consistorio, Luz Guilarte, recuerda que su partido ya advirtió de las consecuencias de este plan y exige «responsabilidades políticas» a Colau por lo que ha definido como «otra chapuza habitual de Colau que como siempre pagamos todos los barceloneses” y ha apostado por “la revisión inmediata del PEUAT”. Además, ha solicitado que se cuente en la revisión del plan con la participación del sector hotelero ya que en su opinión “no se pueden hacer normativas meramente prohibitivas y sin contar con la colaboración del sector”.