El Pleno del Tribunal Constitucional, reunido este martes de urgencia, ha admitido los incidentes de ejecución que el Gobierno de Pedro Sánchez presentó contra los acuerdos de la Mesa del Parlament del pasado 22 de octubre sobre el derecho de autodeterminación del pueblo catalán, la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político y la reprobación del rey Felipe VI, después de conocerse la sentencia del procés del Tribunal Supremo.

Los magistrados suspenden las resoluciones aprobadas por el presidente del Parlament, Roger Torrent, y por los miembros de la Mesa de la Cámara catalana. Vuelve a advertirles de que pueden incurrir en un delito de desobediencia si desoyen sus advertencias y continúan adelante con iniciativas de este tipo. Sin embargo, el Alto Tribunal no ha deducido testimonio aún contra Torrent. Una decisión que se reservan para próximos avisos, pudiendo dirigirse a la Fiscalía para solicitar que abra diligencias contra el político de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) o contra el resto de miembros de la Mesa.

El Constitucional también anula la resolución del Parlament del día 29 de octubre, en la que se rechazaron las solicitudes de consideración de Ciudadaos, Partido Socialista de Cataluña y Partido Popular de Cataluña sobre las resoluciones de autodeterminación, soberanía y contra la Monarquía antes mencionadas.

En tres providencias, el Tribunal Constitucional acuerda advertir a Torrent y a los demás miembros de la Mesa de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y se les apercibe de las eventuales responsabilidades en las que puedan incurrir, incluida la penal.