El Ministerio Público abrirá unas diligencias de investigación sobre las decisiones adoptadas por la Mesa del Parlamento de Cataluña en las últimas semanas relativas a la autodeterminación y contra la Monarquía que ha ido anulando el Tribunal Constitucional.

La Fiscalía General del Estado ha instado a la Fiscalía de Cataluña a que abra unas diligencias de investigación para valorar la «posible trascendencia penal» de los acuerdos de la Mesa.

Precisamente el Tribunal Constitucional se ha visto obligado a adelantar su pleno este martes a primera hora de la mañana para anular ‘in extremis’ la admisión de una moción de autogobierno de la CUP que afirmaba: «El Parlamento de Cataluña expresa su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán”. También anulaba el acuerdo del 5 de noviembre que rechazaba las solicitudes de consideración al respecto presentadas por los socialistas, Ciudadanos y Partido Popular.

Desafío constante

Invocando el artículo 161.2 de la Constitución, el Alto Tribunal admitía este martes los incidentes de ejecución de sentencia presentados por el Gobierno en funciones contra las aprobaciones de la Mesa del Parlament. Aunque no ha sido la primera ni la única vez que ha tenido que hacerlo en las últimas semanas, puesto que los miembros del órgano catalán retan continuamente al Tribunal Constitucional con la aprobación de acuerdos sobre el camino hacia la independencia que saben son inconstitucionales.

El Constitucional ha advertido hasta en cuatro ocasiones a Roger Torrent de que tanto él como los miembros de la Mesa pueden incurrir en un delito de desobediencia y que puede deducir testimonio para que sean investigados en el órgano judicial competente.

Precisamente, el Ministerio Público abrirá unas diligencias de investigación sobre las decisiones de la Mesa para valorar si son constitutivas de delito y presentar una querella al respecto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña si es así.