Política

La 'factura' del fraude de los ERE: más de 680 millones

La Junta de Andalucía, que no acusó a los ex altos cargos pero se reservó el ejercicio de la acción civil, sólo ha recuperado hasta ahora 6,7 millones de euros: menos del 1 % / La Administración autonómica debe decidir ahora si reclama el dinero

El presidente del tribunal que juzgó el 'caso ERE', Juan Antonio Calle, en una de las sesiones.

El presidente del tribunal que juzgó el 'caso ERE', Juan Antonio Calle, en una de las sesiones. EFE

El tribunal que ha enjuiciado la pieza política del caso ERE ha cifrado el fraude en más de 680 millones de euros, cantidad que la Junta de Andalucía repartió durante una década en ayudas a empresas en crisis y para el pago de prejubilaciones sin control y al margen del procedimiento establecido.

De esta forma, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla da por buena la cifra que detalló la Fiscalía Anticorrupción en el informe de conclusiones finales al término del juicio, ligeramente inferior a la detallada por el juez que terminó la instrucción de esta pieza separada. Es el dinero que la Consejería de Empleo envió a otro departamento de la Administración autonómica -el extinto Instituto IFA, reconvertido después en la Agencia IDEA- mediante las inadecuadas transferencias de financiación para que procediera a su abono entre los años 2000 y 2009, lo que hace que el total de la partida sera irregular.

Intentar recuperar ese montante es el reto que tendrá que plantearse ahora la Administración autonómica, que en la etapa de la socialista Susana Díaz no acusó a los ex altos cargos al no apreciar una «trama criminal» ni la existencia de una «finalidad ilegítima» en la implantación del procedimiento específico para la concesión de las ayudas pero que se reservó expresamente el ejercicio de la acción civil como principal perjudicada. Es por ello por lo que la Fiscalía Anticorrupción no lo pidió en el juicio.

La tarea es sencillamente imposible, dada la dimensión de la cuantía y la insolvencia de algunos de los condenados, caso del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero. Éste era el alto cargo que gestionaba la partida presupuestaria 31.L, rebautizada por él como «fondo de reptiles» cuando declaró como testigo ante la Policía Nacional en diciembre de 2010.

Los indicios no son halagüeños. A 1 de julio de 2018, último dato conocido, la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública -con el PSOE aún en el Gobierno autonómico- reconoció en el Parlamento andaluz que el dinero recuperado de los ERE ascendía a 6,7 millones, cifra que representa menos de un 1 % de la partida que ahora tratará de recuperar.

Hay que tener en cuenta que el 80 % aproximadamente de la dotación de la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles se destinó al pago de rentas mensuales a los prejubilados ‘legales’, sin que en ningún momento de la instrucción se planteara la posibilidad de reclamarles el dinero siquiera como partícipes a título lucrativo. Sólo se reclamará las sumas cobradas a los intrusos -trabajadores que nunca trabajaron en la empresa beneficiaria del ERE financiado por la Junta de Andalucía- o a aquellas personas en las que concurren otras irregularidades, como el cobro simultáneo de otras percepciones. Ello se ventila en otras piezas separadas.

La cifra del fraude de los ERE ha venido fluctuando desde que la juez Alaya abrió el caso hace casi nueve años. En un auto dictado el 19 de enero de 2011, cuando investigaba el caso Mercasevilla, la entonces titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla justificó la incoación de unas nuevas diligencias previas por el contenido de un informe aportado por la Policía Judicial que ponía de manifiesto que Guerrero había dispuesto de un fondo para ayudar a empresas en crisis por un importe de al menos 647,86 millones entre los años 2000 y 2010 prescindiendo «total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».

La Consejería de Empleo concedía las ayudas pero transfería el dinero al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) -posteriormente reconvertido en la Agencia IDEA- para que procediera al pago de las mismas, sin dársele publicidad en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). En el mismo atestado, los investigadores policiales precisaban que 52,46 millones correspondientes al ejercicio 2010 no se habían llegado a transferir.

Para la Cámara de Cuentas de Andalucía, esa cantidad ascendería a 1.217 millones debido a la refinanciación de las pólizas de prejubilaciones y a los intereses de demora

El 31 de mayo de 2016, en el auto con el que dio por terminada la instrucción y acordó que las diligencias previas continuaran con el trámite del procedimiento abreviado, el juez Álvaro Martín detalló que las partidas presupuestarias destinadas al pago de prejubilaciones y a empresas en crisis ascendieron en el periodo investigado a una cuantía «no inferior» a 854,83 millones de euros.

Ésta es la misma cifra que detalló Alaya en la exposición razonada que elevó al Tribunal Supremo en el verano de 2014 por los indicios que había reunido contra nueve aforados, entre ellos Chaves y Griñán. Para la Cámara de Cuentas de Andalucía, esa cantidad ascendería en realidad a 1.217 millones debido a la refinanciación de las pólizas de prejubilaciones y a los intereses de demora.

«Montante global»

La última cifra la aportaron los fiscales asignados al caso en el escrito de conclusiones finales, presentado semanas antes de que el presidente del tribunal declarara el juicio visto para sentencia. Los representantes del Ministerio Público cuantificaron en 679,43 millones el «montante global de los fondos públicos que nunca debieron salir de la Junta de Andalucía».

La diferencia con la cuantía señalada por el juez Álvaro Martín en la citada resolución se explica por el hecho de que los fiscales no incluyeron la partida consignada en 2010, a diferencia de lo que sí hizo el magistrado que terminó la instrucción de esta pieza separada de la macrocausa de los ERE.

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