No sólo no habría hecho su trabajo su trabajo, sino que habría ayudado a la organización criminal contra la que tenía que actuar por intentar pasar droga en la península para no ser descubierta. La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para un policía raso por un presunto delito de revelación de secretos continuado cometido en el año 2013. También una multa de cerca de 6.000 euros y su inhabilitación durante ocho años.

Carlos Gómez González trabajaba precisamente para la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) cuando ocurrieron los hechos. La Policía Nacional puso en marcha una operación denominada Agua Dulce que llevó a cabo la sección GRECO Galicia de la Policía Nacional para tratar de interceptar a una organización criminal que trataba de introducir cocaína en España.

Mientras se desarrollaba la investigación, se descubrió que alguien estaba proporcionando información a la banda de narcos gallegos, investigada en la Audiencia Nacional por introducir droga procedente de Latinoamérica en España. Se trataba de un trabajador de la Secretaría de la UDYCO y la Fiscalía considera que fue el agente Gómez González.

Los tres chivatazos

El Ministerio Público pone tres fechas concretas a los presuntos chivatazos del policía a los narcos que puede costarle su puesto durante cerca de una década.

La primera se habría producido entre el 24 y el 29 de mayo de 2013. Según la Fiscalía, el acusado informó a los miembros de la organización criminal de que «la policía tenía controlado un barco cargado de cocaína en alta mar, una información que conoció tras proceder al registro de entrada en la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado (UDYCO Central) de un FAX remitido por la DEA (Drug Enforcement Administration)». Se trata de la agencia del departamento de Justicia estadounidense dedicado al control del tráfico de drogas.

El agente se arriesgó una segunda vez a informar a los narcos “en detrimento de las funciones de investigación encomendadas al Cuerpo Nacional de Policía” y por motivos “totalmente ajenos” al ejercicio de su función, según el Ministerio fiscal, el 10 de junio de 2013. .

En dicha ocasión realizó “numerosas” consultas en las aplicaciones Adexttra (bases de datos de extranjería de la Poicía), Atlas (bases de datos reseñas y búsquedas policiales de
personas), y Sidenpol (base de datos de denuncias) y se las facilitó a los narcotraficantes, aportándoles los datos de uno de ellos. La última tuvo lugar el 20 de junio de 2013 cuando el policía volvió a entrar en las mismas bases de datos para consultar los datos de otro de los miembros de la organización criminal.

Por estos motivos, el policía se sentará este lunes ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, enfrentándose a una pena de prisión de hasta cuatro años.