El futuro de Pedro Sánchez y la posibilidad de que cierre un acuerdo de investidura en los próximos días con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) depende de la postura que mantenga la Abogacía del Estado sobre la situación del ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, de cara al Tribunal Supremo después de conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoce su inmunidad como europarlamentario desde que fue elegido en los comicios del 26 de mayo.

El propio partido de Junqueras, que estos días se sienta en la mesa de negociación con los socialistas, trasladó dicha responsabilidad a la Abogacía del Estado, representante en último término del Gobierno en la causa del procés. Ahora, Sánchez y su equipo harán lo posible para que el pronunciamiento de la Abogacía del Estado, dentro del estrecho margen jurídico en el que puede moverse, contente a los republicanos.

La Sala Segunda del alto tribunal que condenó a Junqueras por sedición y malversación, presidida por Manuel Marchena, pidió este jueves a la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la acusación popular de Vox y la defensa de Junqueras que digan si el ex vicepresidente catalán debe seguir en prisión tras la sentencia del tribunal de Luxemburgo. Les ha dado cinco días hábiles para pronunciarse. Es decir, antes del próximo 3 de enero.

La Fiscalía no tardó en hacer público un escrito en el que se opone a liberar a Junqueras y pide la «ejecución inmediata de la pena de inhabilitación contra él». También que la Sala comunique al Parlamento europeo su situación personal y se remita la sentencia dictada contra él «a fin de que surta los efectos oportunos en relación con la pérdida de su condición de europarlamentario».

A favor de que recoja el acta

La Abogacía del Estado no se ha pronunciado aún, y el margen con el que cuenta para hacerlo a favor de una excarcelación de Junqueras, como le gustaría a su partido y a su defensa, es prácticamente nulo.

Junqueras está condenado por el Supremo a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación y la sentencia del TJUE no se pronuncia sobre la sentencia del 14 de octubre. Únicamente contesta a una cuestión prejudicial planteada por el Supremo en la que afirma que debió dejar libre a Junqueras para recoger su acta de eurodiputado.

Eso no habría evitado, según el TJUE, que el Parlamento Europeo hubiera decidido retirar la inmunidad a Junqueras atendiendo a la condena contra él. El 14 de junio, la Abogacía del Estado, a diferencia de la Fiscalía, se mostró a favor de que se excarcelara a Junqueras para que jurara la Constitución y recogiera su acta de diputado.

Esta puede ser la vía con la que la Abogacía atienda a las presiones del Gobierno sin romper con la lógica jurídica. Es decir, puede insistir en que Junqueras, inmune desde su elección según el TJUE, debería recoger su acta de diputado.

Eso dejaría nuevamente la pelota en el tejado de la Sala Segunda, que debería decidir si excarcelar a Junqueras para que cumpla con dicho trámite con el contrapunto de que el procedimiento para que el Parlamento Europeo le retire después la inmunidad atendiendo a la gravedad de la sentencia contra él puede llevar hasta un año. Tiempo en el que su inmunidad evitaría su detención o encarcelamiento, por lo que podría tener libertad de movimiento.

En el otro extremo, si la Sala no concediera el permiso a Junqueras para recoger su acta, además de no estar cumpliendo con la sentencia del TJUE estaría abriendo la puerta a un recurso exitoso de su defensa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con la posibilidad de que éste dictara que se vulneraron derechos fundamentales del líder de Esquerra, lo que sí sería un varapalo para la Justicia española.

De ahí que el papel de la Abogacía del Estado y el escrito que remita al Supremo sea la llave para desbloquear la investidura y la clave del éxito para Sánchez.