El PP ha presentado una iniciativa parlamentaria con la que pretende que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a "subsanar las irregularidades" en el proceso selectivo para ingresar en el Cuerpo Nacional de Policía y que los aspirantes que hubieran tenido "al menos 50 puntos" en la prueba de ortografía sean declarados "aptos".

El principal grupo de la oposición ha presentado esta proposición no de ley este miércoles al "no dar solución" al problema el ministro Grande-Marlaska durante su comparecencia del pasado lunes ante la comisión de Interior, donde desgranó las principales líneas de actuación que guiarán su gestión durante esta legislatura.

La decisión del tribunal calificador de elevar la nota en el test ortográfico a 6,20 puntos sobre 10 -desconocida antes de examinarse al no precisarse en las bases reguladoras de la convocatoria- ha puesto en pie de guerra a centenares de aspirantes, que acudieron a la prueba con el convencimiento de que el 5 era una puntuación suficientes para conseguir el 'apto'.

A la polémica se suma también el hecho de que se hayan considerado como incorrectas tres palabras -‘ciberataque’, 'reeditar' y la sigla ‘LGTBI’- de uso común pero no incluidas en el Diccionario de la Real Academia Española. La propia RAE ha reconocido que la utilización de estos términos es "correcta".

Haciéndose eco del malestar expresado por los aspirantes que no han alcanzado la nota de corte finalmente establecida, el PP reclama que se considere 'aptos' a los que hayan obtenido un 5 en la prueba de ortografía -tenían que marcar en ocho minutos si las 100 palabras del cuestionario estaban escritas correcta o incorrectamente- y puedan seguir adelante en el proceso selectivo.

También demanda que se prohíba que la nota de corte se pueda modificar "en perjuicio de los opositores" y que los eventuales cambios de criterio del tribunal evaluador "se publiquen con anterioridad". En este sentido, el PP invoca la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que desde 2008 establece claramente que el aspirante debe saber a qué atenerse antes de examinarse para que se garantice el "principio de seguridad jurídica".

El PP reclama que las entrevistas personales, tanto para ingresar como para ascender en la Policía Nacional, sean "evaluables pero no excluyentes"

Los populares, igualmente, que las entrevistas personales -tanto para ingresar como ascender en el Cuerpo Nacional de Policía- sean "evaluables pero no excluyentes", lo que reforzaría la "objetividad y transparencia" del proceso selectivo.

La proposición no de ley del PP se ha presentado en vísperas de que el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, resuelva los centenares de recursos de alzada que han presentado los aspirantes afectados por la subida de la nota en la prueba de ortografía.

Los opositores defienden que la nota de corte se debería haber fijado y comunicado «con anterioridad a la realización de la prueba» en cumplimiento de los principios de publicidad, legalidad, seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad, transparencia, certeza en la actuación administrativa y motivación.

"Al no fijar las bases la puntuación numérica en la que se fija el apto, la calificación de apto queda fijada ipso iure en el 50 % de la puntuación máxima, esto es en 5 puntos, por aplicación del mismo criterio previsto en las bases para la prueba de conocimientos", argumentan en sus escritos los aspirantes que están siendo asistidos jurídicamente por el abogado Ángel Galindo, defensor del denunciante de la trama Gürtel (José Luis Peñas). Como Legal Oposiciones y Abam Abogados, su despacho ha facilitado el recurso de forma gratuita.

Recursos de alzada, a la espera de respuesta

Los opositores también reclaman que se den por buenas las tres palabras calificadas por el tribunal como incorrectas por no figurar en el diccionario de la Real Academia Española -ciberataque, LGTBI y reditar- pero que la propia RAE da por buenas en un informe que le han solicitado.

La previsible desestimación de los recursos de alzada abocaría a los opositores a acudir a los tribunales, en concreto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Allí se dilucidan ya otras presuntas vulneraciones en las bases reguladoras de otras oposiciones convocadas por el Ministerio del Interior, como las relativas al cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias de 2017 y 2018.