Quim Torra deplora que los nueve condenados por el 1-O no hayan podido acogerse al confinamiento domiciliario habilitado por las instituciones penitenciarias para «esponjar» la población reclusa y garantizar la seguridad de los internos ante la crisis del Covid-19. Pero no está dispuesto a asumir la responsabilidad de una decisión que dependía de las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas, una competencia transferida a la Generalitat. En una carta remitida a la Alta Comisionada de NNUUpara los Derechos Humanos, Michele Bachelet, Torra denuncia al Tribunal Supremo y le acusa de imponer una discriminación a los líderes independentistas con su advertencia contra la excarcelación de Oriol unqueras y e resto de los condenados por el Alto Tribunal.

Cargador Cargando…
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña

De hecho, Torra insiste en su misiva en calificarlos de «presos políticos» pese a que quien los custodia es la Generalitat de Catalunya. En efecto, reconoce el president, «la Generalitat tiene las competencias transferidas». Pero apunta que el Supremo «advirtió y amenazó a las autoridades penitenciarias catalanas de posibles consecuencias legales, de carácter penal, si acordaban permitir que durante el tiempo que dure esta situación de alarma por el coronavirus, se permitiese que los presos clasificados en régimen del articulo 100.2 permaneciesen en sus domicilios en confinamiento».

Las amenazas del TS, añade Torra, «fueron vertidas porque esta medida afectaría, entre otros, a los presos políticos catalanes que actualmente cumplen condena en dos concretas prisiones catalanas» -lo cierto es que son tres, Lledoners, Mas d’Enric y Puig de les Basses-. Y explica el uso del término «presos políticos» porque «estoy convencido de que lo son» y porque «así lo ha determinado el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias» al que el Govern se ha acogido en repetidas ocasiones.

Recomendación de la ONU

«Nada me gustaría mas que cumplir íntegramente sus indicaciones» asegura el presidente catalán refiriéndose a las recomendaciones de la Alta Comisionada sobre la eventual excarcelación y confinamiento domiciliario de reclusos para evitar contagios y mayor presión en las prisiones. Unas recomendaciones que con carácter general ha asumido el Ministerio del Interior. «Pero como consecuencia de las amenazas del Supremo las juntas de tratamiento han decidido que no permitirán que los presos políticos, ni ningún otro» clasificado en el 100.2, pase la pandemia en sus domicilios.

El presidente catalán añade su convicción «como abogado que soy» de que mantenerles en prisión «a riesgo de su salud y poniéndoles en riesgo vital» supone una vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Y concluye lamentando «distraerla en estos momentos de sus acuciantes y relevantes funciones» pero quiere dejar clara la voluntad de lla Generalitat de cumplir sus recomendaciones y «los impedimentos que nos pone el Tribunal Supremo».

Las cartas ante autoridades internacionales para denunciar las supuestas vulneraciones del Gobierno o las instituciones judiciales españolas se ha convertido en un recurso habitual del president Torra, que en las últimas semanas se ha dirigido a los responsables de la UE para acusar al Gobierno de poner en riesgo la salud de los españoles por no decretar el confinamiento total, y antes denunció ante los tribunales europeos o grupos de trabajo de la ONU las decisiones de la justicia europea.