Política

El exjefe de Seguridad de Iberdrola presenta una querella contra el juez del caso Villarejo ante el Supremo

La defensa de Antonio Asenjo presenta una querella por tres presuntos delitos de prevaricación contra el juez Manuel García-Castellón

Torre Iberdrola, la sede central de la eléctrica en Bilbao.

Torre Iberdrola, la sede central de la eléctrica en Bilbao. iberdrola

El exjefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, investigado en la Audiencia Nacional por encargar trabajos de seguimiento a la empresa Cenyt del comisario en prisión preventiva José Manuel Villarejo, ha presentado una querella contra el juez instructor del caso Tándem o caso Villarejo, Manuel García-Castellón, en el Tribunal Supremo.

La defensa de Asenjo, ejercida por el letrado Manuel Santaella, registró este lunes la querella contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ante la Sala Penal del Supremo, según ha podido saber El Independiente, por tres presuntos delitos de prevaricación de los artículos 446.3, 448 y 449.1 del Código Penal por supuestamente «dictar resoluciones a sabiendas de su injusticia», «negarse a resolver peticiones del querellante» y «retrasar conscientemente decisiones» afectando a la defensa del ex directivo, investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos en la pieza 17 del caso Tándem, en la que se abordan los trabajos de espionaje presuntamente encargados por la eléctrica entre 2004 y 2017 a la empresa privada del comisario, cuando todavía estaba en activo, y por los que cobró 1,1 millones de euros.

Ante el TC y Promotor de la Acción Disciplinaria

Asenjo, que ya recusó al juez García-Castellón por supuesta «pérdida de imparcialidad», también ha dirigido, por medio de su defensa, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional puesto que el juez instructor no dio trámite a la recusación. El despliegue de defensa del ex responsable de la eléctrica también incluye una denuncia ante el Promotor de la Acción Disciplinaria, órgano del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encargado de instruir los expedientes disciplinarios incoados a los miembros de la Carrera Judicial.

La defensa de Asenjo ya se quejó en un escrito anterior de que el juez había incurrido en una falta de información de derechos fundamentales hacia el investigado, así como afirmó que los fiscales Anticorrupción del caso, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, querían «hacerle la trece catorce» al «jugar a dos bandas con él y el testigo denunciante del caso, el extrabajador de la compañía Antonio del Olmo», motivos por los que se negó a declarar en sede judicial sobre audios de los que no supiera la procedencia, razón a su entender de una nulidad de la causa.

Asenjo expone en la querella, a la que ha tenido acceso El Independiente, que el magistrado no ha resuelto al menos 14 peticiones trasladadas en sus escritos, como la solicitud de personación o la de que se añadiera la hoja de servicio sobre su antigüedad en Iberdrola a la causa, secreta, o no resolver sobre medidas de seguridad solicitadas por el investigado para acceder al edificio de la Audiencia Nacional sin ser visto por fotógrafos por razones de seguridad . En este caso, el letrado considera que García-Castellón pudo incurrir en una prevaricación del artículo 448 del Código Penal.

Por otro lado, el abogado denuncia que García-Castellón no admitiera a trámite el incidente de recusación que presentó contra él por una supuesta «pérdida de imparcialidad» al afirmar durante un interrogatorio que no creía una de las afirmaciones del declarante, mientras declaraba sobre un supuesto trabajo de espionaje encargado a Villarejo contra Manuel Pizarro, entonces presidente de Endesa. Santaella considera que con esta inadmisión el magistrado impidió que la Sala Penal de la Audiencia Nacional tuviera acceso a la declaración de Asenjo, por lo que denuncia un presunto delito de prevaricación previsto en el 446.3 del Código Penal.

En último lugar, el abogado considera que el instructor pudo incurrir en un presunto delito de prevaricación continuado (449.1 CP) por «retrasar injustificadamente la decisión sobre una pluralidad de concretas tutelas impetradas por el querellante en más de una decena de escritos presentados al Juzgado».

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