El Ministerio de Sanidad contrató a un laboratorio privado para que verificara la calidad de mascarillas de protección frente al coronavirus cuando ya había comprado más de 723,72 millones de unidades, lo que le había obligado a realizar un desembolso superior a los 680 millones de euros en más de una veintena de operaciones.

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) -uno de los dos organismos de Sanidad que han llevado a cabo las adquisiciones de material sanitario para luchar contra la covid-19- adjudicó el pasado 30 de abril a la Asociación de Investigación de la Industria Textil (AITEX) el "servicio de realización de ensayos para el aseguramiento de la calidad" de 35 modelos de mascarillas y cuatro de guantes. El coste del encargo se fijó en 2.904 euros.

Con sede en la localidad alicantina de Alcoy y con 35 años de trayectoria, Aitex es una asociación privada de investigación, ensayos de caracterización y certificación de artículos y materiales textiles con aplicación en diversos sectores, como moda e indumentaria, salud y medicina, higiene y cosmético, equipos de protección individual, transporte público...

"La situación de emergencia sanitaria ha hecho necesaria la realización de actuaciones de control para asegurar la calidad de los productos adquiridos, las cuales incluyen, en particular, la realización de ensayos de los productos frente a las normas europeas de calidad aplicables. Por todo ello se ha considerado necesaria la contratación del servicio de un laboratorio que realice los ensayos precisos para el aseguramiento de la calidad de los productos comprados", razona el director del INGESA, Alfonso M. Jiménez Palacios, en la memoria justificativa. La Administración ha tardado dos meses y seis días en darle publicidad a este contrato, de cuya existencia se tuvo conocimiento cuando se publicó el pasado lunes en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La adjudicación era la primera de estas características y se formalizó justo nueve días después de que la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, suspendiera el suministro de las mascarillas FFP2 adquiridas al fabricante chino GarryGalaxy a través del intermediario Hangzhou Ruining Trading Co Ltd. por ofrecer una eficacia media de filtración muy inferior a la contratada. Se trataba de un lote de 2,1 millones de unidades que formaba parte de una remesa total de 8,8 millones, por las que Sanidad abonó 31,29 millones de euros.

Mascarillas 'fake'

Cuando llegó a España la mercancía, el departamento que dirige Salvador Illa envió varios lotes de este pedido al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo -dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social- para su análisis. Las pruebas realizadas revelaron que no cumplían con ninguna clasificación de las normas de calidad cuando Sanidad ya las había distribuido a diversas comunidades autónomas.

De acuerdo con los expedientes publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el INGESA y la Dirección General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia habían cerrado ya 24 operaciones para la compra de 723.722.348 mascarillas -quirúrgicas, FFP2, FFP3 y KN95 por un montante de más de 680 millones de euros- cuando se encargó a la Asociación de Investigación de la Industria Textil que analizara varios modelos a fin de comprobar la calidad de los productos.

Este periódico ha intentado sin éxito conocer los resultados que depararon los ensayos a los que se sometieron los 35 tipos de mascarillas quirúrgicas y cuatro guantes por parte del laboratorio alicantino. "Por política de privacidad de la empresa, lamentándolo mucho no podemos dar ningún tipo de información sobre los servicios que realizamos para nuestros clientes", ha respondido AITEX.

Sanidad contrató a AITEX días después de revocar un pedido de 2,1 millones de mascarillas

Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha indicado a este diario que estos informes "no son públicos" y que son encargos que se hacen "de forma habitual" en las administraciones y empresas relacionada con el ámbito sanitario. "Son ensayos de muestras procedentes de diferentes lotes de material sanitario para controlar y comprobar la calidad de esos productos", han justificado.

La urgencia de los países por disponer del material de protección y el incremento de la demanda a nivel mundial por la rápida expansión de la pandemia propició que algunos fabricantes chinos se aprovecharan y vendieran productos cuya verdadera calidad -inferior a la prometida- no se pudo constatar hasta que la mercancía había llegado a España y se había abonado por adelantado.

Para evitar fiascos en las compras, el Ministerio de Sanidad recurrió a los servicios de Aenor Internacional SAU, según detalló Lacruz en la resolución por la que revocó las compras del material producido por GarryGalaxy. El contratista tenía el encargo de realizar en China servicios de control de la producción, supervisión de la carga de la mercancía, inspección visual del producto para comprobar su correspondencia con las especificaciones aprobadas para el envío, toma de muestras en laboratorio acreditado e inspección en fábrica suministradora de implantación de la norma ISO 13485 (relativa al sistema de gestión de la calidad aplicable para dispositivos médicos).

Cuatro meses de contrato

El contrato con Aenor ascendió a 132.231,40 euros y se firmó a finales de mayo, si bien causaba efecto desde el 21 de abril. Fue exactamente el día en que la Dirección General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia suspendió el encargo a GarryGalaxy.

Según se lee en la memoria justificativa, el encargo a la empresa certificadora tenía una duración inicial de cuatro meses (hasta el 21 de agosto), si bien cabe una prórroga por idéntico periodo que podía acordar de manera unilateral la Administración.