Política CONTRATACIONES DE URGENCIA DEL GOBIERNO

Mascarillas bajo sospecha: los dudosos intermediarios en la compra de material sanitario

La Policía Nacional negoció la compra de 100.000 mascarillas a una empresa administrada por un abogado que fue indultado por Rodríguez Zapatero a finales de 2007 y que hoy está imputado en una causa que instruye un juez de la Audiencia Nacional

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Mascarillas bajo sospecha: los dudosos intermediarios en la compra de material sanitario

Descarga de material de protección procedente de China en el aeropuerto de Madrid-Barajas. EP

Resumen:

Empresarios condenados por estafa, grupos con filiales en zonas fiscales off shore, un intermediario indultado por Rodríguez Zapatero y actualmente investigado por un juez de la Audiencia Nacional, compañías sin experiencia en el sector sanitario… La falta de material de protección para enfrentarse al coronavirus y la urgencia por disponer de los medios ante la expansión de la pandemia han llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a relajar los controles y a negociar compras con dudosos proveedores, que han visto una oportunidad de negocio en un momento de sobredemanda con precios desbocados.

Desde hace más de tres semanas, los medios de comunicación intentan conocer el nombre del comisionista español que intermedió en la compra de 640.000 test rápidos que, fabricados por la firma china Shenzhen Bioesasy Biotechnology, el Ministerio de Sanidad tuvo que devolver por su baja sensibilidad (30 %). La Embajada de China en España reveló que dicho industrial no figuraba en el registro de empresas homologadas por su Ministerio de Comercio.

Ni Salvador Illa ni otros responsables del Ejecutivo han querido desvelar desde entonces la identidad de esta compañía, lo que ha llevado a PP y Vox a solicitar en el Congreso el expediente completo para conocer los detalles del encargo. «En un contexto internacional en que todo el mundo quiere adquirir, España no va a perder ninguna oportunidad pero va a ser exigente con la calidad», ha asegurado el titular de Sanidad. 

Éstas son hasta el momento algunas de las operaciones cerradas o negociadas por diversos ministerios y organismos estatales para la adquisición de mascarillas en plena crisis sanitaria y que arrojan sombras de dudas, no suficientemente aclaradas por el Ejecutivo.

Indultado en 2007, hoy imputado

La Dirección General de la Policía negoció la compra de 100.000 mascarillas de tipo FFP2 por 235.950 euros (IVA incluido) con Orchards Investment SL, una empresa madrileña que comenzó sus operaciones en junio de 2014 y cuyo objeto inicial era la compraventa y alquiler de bienes inmobiliarios y la construcción de edificios.

El detalle de esta negociación consta en un informe de la División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional -fechado el pasado 2 de abril y en poder de El Independiente– en el que se detallan todas las gestiones que ha llevado a cabo desde finales de febrero para la adquisición de material de protección. Este documento se ha incorporado a los procedimientos que varios sindicatos policiales instaron en la Audiencia Nacional para tratar de forzar al Ministerio del Interior a dotar a los agentes.

Informe de la Dirección General de la Policía aportado a la Audiencia Nacional, fechado el pasado 2 de abril, en el que reconoce que estaba «en trámite» con Orchards Investment SL (el nombre aparece mal escrito) para la compra de 100.000 mascarillas de tipo FFP2.

Según consta en el Registro Mercantil, el administrador único de Orchards Investment es José Luis C.C. Se trata de un abogado que fue indultado el 11 de octubre de 2007 -siendo ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo- tras haber sido condenado por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo el 21 de julio de 2006 a 54 meses de prisión menor como autor de delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y apropiación indebida.

La Policía negoció la compra de 100.000 mascarillas con un abogado indultado en 2007 y hoy investigado en la Audiencia Nacional

El Gobierno conmutó esa pena por un año de prisión con la condición de que abonara las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia con las que debía resarcir el daño y de que no volviera a cometer delito doloso en cuatro años, según se lee en el decreto que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ese plazo expiraba el 8 de noviembre de 2011.

En octubre de 2012, José Luis C.C. fue uno de los 108 detenidos en el marco del denominado caso Emperador, en el que se investiga una red china de blanqueo de capitales liderada presuntamente por Gao Ping. La causa se inició en 2011 y la sigue instruyendo el Juzgado Central 4 de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Anticorrupción había pedido el arresto de este abogado por participar en «la materialización de envíos de capital a la República Popular de China fuera de los cauces legalmente establecidos», según se lee en el escrito que llevó al juez Fernando Andreu a ordenar los arrestos. Los fondos correspondían a personas «con amplio poder adquisitivo», mantenía el Ministerio Público.

A preguntas de este diario, José Luis C.C. ha reconocido que mantiene actualmente la condición procesal de investigado y que Orchards Investment negoció con la Dirección General de la Policía el suministro de un pedido de mascarillas. Según ha indicado, la operación no se cerró porque el fabricante chino quería que una parte del dinero se le hiciera llegar antes de que el encargo llegara a España.

«No salió porque exigían dinero por adelantado. Se les ofició un pago por carta de crédito irrevocable contra entrega de mercancía en Madrid, pero no aceptaron esa condición. Querían el 50 % por adelantado y no aceptamos», explica el administrador único de Orchards Investment. Éste asegura que el accionista de esta sociedad es el despacho de abogados en el que él trabaja como «empleado».

La operación no se cerró porque el fabricante chino exigía que parte del dinero se le enviase antes de que el pedido llegara a España

José Luis C.C. reconoció que, aunque la empresa se constituyó con la construcción y promoción inmobiliaria como objeto social, «en su día» solicitaron autorización para dedicarse también a la importación y exportación: «Nosotros tenemos en Hong Kong un despacho con el que colaboramos y nos ofreció importar productos, siempre sometidos a las condiciones de la Unión Europea». Y añade: «Esta gente se ha vuelto loca. Esto ha sido como el marisco en Navidad. Conforme pasan los días ha ido subiendo y al final no se hizo absolutamente nada».

Esta afirmación ha sido corroborada por un portavoz oficial de la Policía cuando El Independiente le ha preguntado si la compra de 100.000 mascarillas que negociaban con esta empresa intermediaria había llegado a cerrarse. «La Dirección General de la Policía ni ha formalizado ni formalizará ningún contrato de adquisición de mascarillas con Orchards Investment SL», ha respondido sin ofrecer más explicación.

Importadora de bebidas

Se llama FCS Select Products SL y ha intermediado en la compra de mascarillas que el Ministerio del Interior distribuyó a principios de esta semana en los principales nodos de transportes del país al permitirse algunas actividades que durante las semanas anteriores se habían considerado no esenciales.

El Confidencial ha desvelado que uno de los administradores solidarios de dicha sociedad -Mayra D.C.- fue condenado en 2015 a una pena de 10 meses y 16 días de prisión por el saqueo patrimonial de empresas en dificultades. La firma tiene su sede en la localidad barcelonesa de San Cugat del Vallès y su objeto social nada tiene que ver con el material sanitario: «Importación, exportación y distribución de toda clase de productos del ramo de la alimentación».

Tampoco tenía experiencia en la adquisición de material sanitario Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, firma aragonesa a la que tres organismos estatales -el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Puertos del Estado y Correos- han contratado el suministros de varios millones de mascarillas en procedimientos negociados sin publicidad.

Esta empresa tiene como administrador único a Purdey Investment SL, administrada a su vez por José Ángel Escorial Senante. Como ha desvelado El Mundo, este empresario aparece en los Panama Papers vinculado a dos sociedades constituidas en Malta (Delta Advisory and Management Services Limited y Arce Investment Consulting Limited). Según la Eurocámara, este archipiélago es uno de los siete países de la UE que presentan «características de paraísos fiscales» y «facilitan la planificación fiscal agresiva».

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