El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha otorgado poder a las autoridades sanitarias de la Generalitat que él mismo preside para «limitar la actividad, el desplazamientos de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos» durante la pandemia de coronavirus. Lo ha hecho por medio del decreto-ley publicado en la tarde de ayer en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Mediante éste, modifica la Ley catalana 18/2009 de salud pública introduciéndole una letra más en la que se dice: «En situaciones de pandemia o epidemia declaradas por las autoridades competentes, las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de limitación a la actividad, del desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales previstas en el anexo 3, de acuerdo con lo que dispone el artículo 55 bis».

El presidente catalán hace así oídos sordos al auto de la jueza de Lleida de este lunes en el que ésta rechazó la resolución con la que acordó el confinamiento de la población de la capital catalana y la comarca del Segrià y le advirtió de que sólo el Gobierno central, con la aprobación del Congreso de los Diputados, puede limitar el derecho fundamental de circulación recogido en la Constitución Española bajo el estado de alarma decretado.

Torra justifica la limitación de dicho derecho fundamental a través de su decreto-ley en que la adopción de las medidas, para la que deja un amplio margen con una redacción ambigua, «tienen por objeto garantizar el control de contagios y proteger la salud de las personas, adecuándose al principio de proporcionalidad».

La Generalitat establece en el decreto firmado por Torra y la consejera de Salud, Alba Vergés, que las medidas que tengan «carácter obligatorio» deberán estar fundamentadas en informes de la Agencia de Salud Pública.

«La adopción de las medidas indicadas requerirá la emisión de un informe emitido por el
director/a de la Agencia de Salud Pública, en los aspectos asistenciales a propuesta del Servicio Catalán de la Salud y en los aspectos epidemiológicos y de salud pública, a propuesta de la propia Agencia, el cual tendrá por objeto acreditar la situación actual de riesgo de contagio, la situación de control de la pandemia, la suficiencia de las medidas, y propondrá las medidas a adoptar».

El fiscal jefe de Lleida, Juan Boné, ya advirtió este lunes de que «no cabe decreto ley si toca derechos fundamentales» y se mostró dispuesto a recurrirlo ante el Tribunal Constitucional.

6,5 millones para la comarca

En rueda de prensa, la portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, anunció que se destinarán 6,5 millones de euros del fondo de contingencia para subsanar las consecuencias económicas de las medidas adoptadas contra el coronavirus en Lleida y los ocho municipios de la comarca afectados.

Explicó que se prevé dotar al departamento de la Presidencia de dos millones de euros para repartir través subvenciones directas a los afectados para correr con los gastos asociados al rebrote. También que se destinarán cuatro millones para la reactivación del comercio de los 8 municipios del Bajo Segrià.