El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha convertido el brote de coronavirus de Lleida y la comarca del Segrià en un nuevo pulso político al Estado español. La madrugada de este lunes, la jueza de guardia de Lleida Elena García-Muñoz denegó ratificar la resolución con la que el presidente catalán pretendía, «ni más ni menos, el confinamiento de toda la población de una serie de municipios», como afirmó la magistrada en su auto. Una decisión que sólo puede tomar el presidente del Gobierno bajo el estado de alarma, que permite excepcionalmente limitar derechos fundamentales de los ciudadanos. Algo que el presidente de la Generalitat sabe de sobra, puesto que ha asistido, como el resto de presidentes de las comunidades autónomas, a las reuniones de coordinación de la crisis de la pandemia del coronavirus con el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Sin embargo, después de conocer la decisión judicial en la que también se le reprocha que no haya presentado datos sanitarios objetivos del riesgo del virus para acordar una decisión «gravosa, restrictiva, indiscriminada y desproporcionada», Torra está dispuesto a dictar un decreto ley desde su gobierno regional para desobedecer una orden judicial y seguir adelante con su plan. Una decisión con la que, además de poder incurrir en un delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal, reta al Estado a posicionarse sobre si debe aplicar el estado de alarma de manera parcial con los rebrotes en las comunidades autónomas.

Parte dispositiva del auto de la jueza de Lleida contra el confinamiento decretado por Torra

Se adelanta al plan del Gobierno

Precisamente el Gobierno tiene previsto presentar esta tarde a las comunidades autónomas un plan de respuesta rápida de control de la Covid, que prevé aprobar este jueves. Como ha adelantado La Vanguardia, este plan prevé actuaciones de mutuo acuerdo entre las comunidades autónomas y el Gobierno central para contener la expansión del virus, como limitaciones de eventos públicos, cierre de locales, pero en ningún caso la aplicación del estado de alarma de nuevo, ni de manera parcial ni general.

Así, la actuación de Torra compromete al Ejecutivo justo antes de comunicar sus planes para todas las regiones y desconcierta a los habitantes de Lleida y el Segrià que en este momento no saben si deben obedecer a las órdenes de la jueza o del Govern, puesto que desde éste se está pidiendo a la población que no salga de casa.

Fiscalía y Síndica de Greuges, contra el Govern

Tanto la Fiscalía de Lleida como la Síndica de Greuges han denunciado que la decisión de Torra supone una «vulneración indiscriminada del derecho de libertad de circulación». El Ministerio Público se dirigió a la juez de Lleida para oponerse a la medida y la magistrada acogió sus alegaciones en el auto con el que desestima la resolución del Govern.

Una decisión que los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Lleida vieron en seguida como una operación política en la que «se juega con los derechos de los ciudadanos para hacer un pulso al Estado». La portavoz de Ciudadanos en el consistorio catalán, Ángeles Ribes, explica a El Independiente que el alcalde Miquel Pueyo, de Esquerra Republicana de Catalunya, transmitió al resto de grupos políticos el sábado que darían una rueda de prensa para comunicar el confinamiento de la población sin disponer ni siquiera del informe sanitario de la Consejería de Sanidad que lo justificara. El equipo de Gobierno, compuesto por ERC, Junts per Lleida y El comú de Lleida, obedeció a órdenes de la Generalitat sin disponer de datos ni conocer cuál sería la decisión de la jueza, a pesar de que los grupos de la oposición advirtieron de los peligros de trasladar información desconcertante a la ciudadanía, según trasladan a este diario.

Fragmento del auto en el que la jueza reprocha a la Generalitat no ofrecer información suficiente sobre la emergencia sanitaria

Ribes considera que la decisión no responde a la gravedad sanitaria de la situación, puesto que cuando se conocieron los primeros contagios en las comarcas limítrofes de Aragón, no se tomaron medidas. «Se recomendó al alcalde que cerrara las piscinas, que limitara aforos, y no se hizo nada hasta el 4 de julio, cuando se decidió el confinamiento periférico que no elimina el peligro de contagio para quienes se quedan dentro de la comarca donde ya existen casos, entre ellos en la comisaría de los Mossos d’Esquadra y en un centro de día, si no se aplica otro tipo de decisiones para distanciar a la gente», se queja la política.