Quim Torra y Joan Canadell, en la presentación de la memoria de las cámaras
El Gobierno catalán está a un paso de romper relaciones con todos los agentes socioeconómicos gracias a la nueva propuesta de regulación de las cámaras de comercio que el Departamento de Empresa ha elaborado a medida de las exigencias camerales y en contra del criterio de patronales y sindicatos. Una propuesta que podría aprobar el Consell Executiu este martes, en su última reunión antes de las vacaciones estivales.
Los Departamentos de Vicepresidencia y Empresa de la Generalitat "están trabajando el consenso con los agentes socioeconómicos", aseguran este lunes desde Empresa. Pero lo cierto es que el comunicado conjunto emitido por Foment del Treball, Pimec y los sindicatos UGT y CC.OO. no deja lugar a dudas sobre el malestar generado por la propuesta del Govern, que otorga a las cámaras financiación a cargo de los presupuestos de la Generalitat y representación institucional en prácticamente todos los ámbitos en los que ahora participan los agentes económicos.
"Los agentes sociales más representativos de Cataluña consideramos que este proyecto de decreto ley vulnera el orden jurídico existente y trastoca la estabilidad y utilidad de la concertación social, en el momento en que es más necesaria que nunca". El proyecto, añaden patronales y sindicatos "amenaza la propia esencia de la participación institucional, el diálogo social y la concertación social en Cataluña".
Lamentan que el proyecto "usurpa" los derechos reconocidos a patronales y sindicatos y critican que se arrogue a las cámaras "representatividad y participación institucional, cuando se trata de entidades de derecho público tuteladas por el Govern". Entidades que, además, pasarían a estar financiadas con cargo a los presupuestos de la Generalitat si se aprueba el citado decreto ley.
Oposición política
Un texto que ya ha concitado también el rechazo de la oposición en el Parlament. La portavoz del PSC, Eva Granados, ha advertido el lunes que su grupo llevará el texto al Consejo de Garantías Estatutarias cuando llegue a la cámara catalana.
Tras el proyecto que ha encendido a los agentes sociales asoma la sospecha de que el Govern intenta beneficiar a las cámaras por el peso del independentismo en estas entidades merced a la victoria de las candidaturas promovidas por la ANC. Sobre todo desde el liderazgo ejerce ahora el independentista Joan Canadell al frente de la Cámara de Barcelona. Un apoyo a las cámaras -financiero e institucional- que vendría directamente impuesto por Quim Torra y el ex president Carles Puigdemont, apuntan algunas fuentes, que habrían doblegado finalmente la resistencia de la consellera de Empresa, Angels Chacon.
Protagonismo de Canadell
En el último encuentro mantenido por representantes de las cámaras, los sindicatos, las patronales y responsables del Govern Canadell habría esgrimido, según relata El Periódico, que el decreto "es un compromiso del president Quim Torra" para defender el texto propuesto por el Govern. Un argumento que explicaría el cambio de posición de Empresa, dado el ascendente de Canadell en el entorno de Puigdemont, que le ha propuesto integrarse en su próxima candidatura a las elecciones autonómicas.
Patronales y sindicatos critican tanto el contenido del decreto como la pretensión de aprobar por vía de urgencia una reforma legal pendiente desde 2003, cuando se aprobó la ley de bases estatal. En 2019 Chacon reabrió un proceso de reforma legal paralizado desde 2017 por el proceso independentista, abriendo el texto a consulta previa. Sólo el Consejo de Cámaras, presidido por Canadell, respondió con un informe en se arrogaban la "representación universal del mundo empresarial" y reclamaban financiación pública estable.
Una propuesta aparentemente desoída por Chacon hasta ahora. Hace un mes que el Departamento de Empresa empezó a sondear sobre un proyecto legislativo que recogía todas las exigencias camerales, a lo que las patronales respondieron con un dictamen jurídico que cuestiona tanto la constitucionalidad como la adecuación estatutaria del proyecto de decreto ley del Govern.
El decreto ley "atribuye un derecho de participación casi absoluto en todos los temas" a las cámaras, lamentan desde la patronal, argumentando que es la mejor representación "del mundo empresarial" porque todo el que realice una actividad económica puede votar en ellas.
"Pero las cámaras son entidades de derecho público" advierten para señalar la dependencia pública de las entidades corporativas, al tiempo que critican la pretensión de aprobar esta regulación por vía de urgencia al amparo de la crisis sanitaria.
También cuestionan la financiación pública de las cámaras, que éstas justifican porque desde 2010 ya no es obligatorio el pago de cuotas. Las cámaras se financian ahora gracias las aportaciones, sobre todo, de grandes empresas en el caso de la de Barcelona. Pero esas grandes no están precisamente cómodas con la representación minoritaria que tienen tras las últimas elecciones y el giro imprimido por los independentistas, que podría hacer menguar esas aportaciones.
El Gobierno catalán está a un paso de romper relaciones con todos los agentes socioeconómicos gracias a la nueva propuesta de regulación de las cámaras de comercio que el Departamento de Empresa ha elaborado a medida de las exigencias camerales y en contra del criterio de patronales y sindicatos. Una propuesta que podría aprobar el Consell Executiu este martes, en su última reunión antes de las vacaciones estivales.