Los manifestantes identificados por la Policía Nacional durante la concentración del pasado domingo en la madrileña Plaza de Colón, en la que las cerca de 3.000 personas congregadas negaron la existencia del coronavirus y se quejaron contra las medidas adoptadas por el Gobierno durante la pandemia, podrán enfrentarse a multas de hasta 30.000 euros por no llevar mascarilla ni respetar las distancias de seguridad.

De entre todos los presentes en la manifestación, permitida por la Delegación del Gobierno, las fuerzas de Seguridad identificaron a unas 30 personas, según declaraciones del propio delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, quien anunció este lunes sanciones para ellos y una investigación sobre los hechos porque «no transcurrieron según lo esperado».

Según Franco, los convocantes trasladaron en su petición para recibir la autorización que «respetarían la distancia social», pero finalmente no lo hicieron. El responsable del Gobierno en Madrid se extrañó de que no llevaran mascarilla, a pesar de que los lemas de la convocatoria que se compartieron en redes sociales pidiendo la asistencia eran en contra del uso de las mascarillas en todos los espacios y todos los horarios, como #Dinoalosbozales.

Estudian las opciones legales para sancionar

Tras la polémica desatada por la celebración de la manifestación y las consecuencias sanitarias que puede traer, la Delegación del Gobierno ha anunciado que pedirá a la Policía un informe sobre las identificaciones que hizo a los manifestantes, unos treinta, según el propio Franco.

El departamento jurídico de la Delegación, dependiente de la Abogacía del Estado, estudiará las «opciones legales» para ver qué sanciones impone, según trasladan fuentes del organismo a El Independiente, así como si debe pedir un castigo mayor para los organizadores.

Podrían basarse en una desobediencia recogida en el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, la aplicada durante el estado de alarma, que castiga con multas de 600 a 30.000 euros a los infractores. También podrían recurrir a los castigos contemplados para quienes incumplan la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil (art. 45.4 b), con cuantías similares, o en la Ley General de Salud Pública (art. 57.2 b), que recoge multas aún mayores, de entre 3.000 y 60.000 euros.