El exministro de Interior entre 1976 y 1979 durante el Gobierno de Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa, ha remitido una carta a la jueza argentina María Servini que investiga presuntos crímenes durante el franquismo en la que ha defendido que «en la Transición, que ha sido una de las mejores etapas de nuestra historia reciente, fue imposible que hubiese un genocidio».

Martín Villa envió esta carta, a la que ha tenido acceso El Independiente, el pasado 25 de agosto a la jueza que admitió una querella contra él de familiares de víctimas del franquismo en 2014 y que sostienen su responsabilidad política en la muerte de doce personas por disparos de policías, guardias civiles y ultraderechistas entre 1976 y 1978. A partir de la querella de CEAQUA se abrió un proceso penal en el país latioamericano por presuntos crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista y la transición.

El exministro declarará este jueves ante la magistrada del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº1 de Buenos Aires (Argentina). Lo hará por videoconferencia desde el consulado de Argentina en Madrid.

Borrell, Nicolás Redondo o Cándido Méndez

Antes, ha presentado esta carta (la tercera que dirige a la juez) en la que refleja de manera resumida cuál será el contenido de su declaración e incluye los testimonios personales de apoyo hacia su testimonio de los últimos presientes de la Democracia: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

No son las únicas personalidades que respaldan a Martín Villa frente a la querella en la que se sostiene que hubo un «plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la reforma representativa de gobierno a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes».

Desde febrero, según explica en la misiva, ha recabado el apoyo de personas que tuvieron un papel clave en la transición y también niegan que hubiera un plan para eliminar a adversarios. Entre ellos se encuentran los exsecretarios generales de los sindicatos más representativos, UGT y CCOO: Nicolás Redondo, Cándido Méndez, Antonio Gutiérrez Vegara y José María Fidalgo.

Martín Villa también ha aportado a la juez dos cartas remitidas a los embajadores de Argentina en Madrid y de España en Buenos Aires por el exministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell. Igualmente, adjunta el respaldo de los ponentes de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca Junyent.

La posición de Dolores Delgado

El pasado 4 de agosto, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó una orden interna con la que cambiaba el criterio de la Fiscalía española respecto a este asunto. Antes, cada vez que la jueza Salvini pedía información para la causa a través de comisiones rogatorias, el Ministerio Público se negaba a entregarla tras una orden de la exfiscal Consuelo Madrigal. Consideró que la Justicia española era la competente para investigar los hechos, porque de haber sucedido habría sido aquí, y que estarían prescritos.

Dolores Delgado, sin embargo, abrió la puerta este verano a que se estudie cada una de las peticiones y se decida a cuál de ellas se da respuesta, respondiendo así a una reivindicación que los familiares de las víctimas le trasladan desde hace años, cuando era ministra de Justicia.