El ministerio de Cultura ha dado orden al Consejo Superior de Deportes (CSD) para que presente ante la Fiscalía General del Estado documentación relativa a la relación del presidente de LaLiga, Javier Tebas, con el Club de Fútbol Fuenlabrada. El Gobierno irrumpe así en el caso que marcó el final de la competición en Segunda División, después de que se detectasen hasta 28 positivos en el equipo madrileño antes del partido de la última jornada frente al Deportivo de La Coruña. El partido acabó disputándose semanas más tarde, con victoria para el equipo coruñés, que sin embargo no le valió para evitar el descenso deportivo a 2ªB. La derrota privó al Fuenlabrada de disputar el playoff de ascenso a Primera.

El laberinto jurídico y mediático en el que se había convertido el caso quedó resuelto el pasado 26 de agosto, cuando el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), dependiente del CSD, decidió que el organismo competente para sancionar o no al Fuenlabrada era LaLiga, y no la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Una decisión clave por la postura de ambos organismos: mientras el juez instructor del caso de la RFEF ya había propuesto el descenso administrativo del club madrileño -que debía ser aceptado todavía por el Comité de Competición-, el juez de lo Social de LaLiga había archivado el expediente disciplinario contra el Fuenlabrada sin apreciar infracciones. Finalmente, el Comité de Competición no pudo llegar a pronunciarse a consecuencia del fallo del TAD.

El Gobierno considera ahora que el caso ha quedado en una «vía muerta» y ataca directamente contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas, al que señala por sus vínculos con el Fuenlabrada. Según adelanta El País, la investigación se centra en un presupuesto de 130.000 euros emitido por el despacho profesional de Tebas en 2018 para asesorar jurídicamente al Fuenlabrada, cuando el equipo madrileño todavía militaba en 2ªB, categoría dependiente de la Federación y no de LaLiga.

Es público que el hijo de Javier Tebas, con responsabilidad en el despacho de su padre, asesora legalmente desde hace años al Fuenlabrada, club del que forma parte como secretario no consejero de su directiva. El Gobierno actúa ahora, tras varias publicaciones de OkDiario basadas en audios en los que se constata el trabajo de Tebas Jr en la compra de paquetes accionariales o en la gestión de cuentas. El hijo del presidente de LaLiga ya se pronunció al respecto, asegurando que forman parte de su trabajo cotidiano y no suponen ninguna ilegalidad.

En la misma línea se ha defendido el propio presidente de LaLiga, que en un mensaje en Twitter ha declarado no haber cometido «irregularidad alguna». «Es triste que para demostrar que se miente tenga que ir uno a aclarar la verdad», ha dicho en referencia a la perspectiva de una declaración en sede judicial.

El movimiento de ficha del Gobierno no parece tener efectos inmediatos sobre la competición deportiva, que arranca este fin de semana. Este mismo lunes, la justicia ordinaria ha rechazado la suspensión del inicio de la competición que habían reclamado el Deportivo de La Coruña y el Numancia -ambos descendidos a 2ªB- como medida cautelarísima.

Los dos clubes sostienen que el aplazamiento del Deportivo-Fuenlabrada, que debía disputarse en horario unificado, supuso una adulteración de la competición. Aunque sobre la mesa estuvieron varias opciones, entre ellas aplazar la jornada entera o todos los partidos con algo en juego, la decisión final de LaLiga, RFEF y CSD fue suspender sólo el partido afectado por el brote de coronavirus en el equipo madrileño. Los resultados que se dieron ese día en el resto de partidos propiciaron que, semanas más tarde, el Deportivo jugase sabiendo que ya era equipo de Segunda División B.

LaLiga, a través de su Comisión Delegada, rechazó la posible solución de una ampliación de LaLiga para mantener en la categoría a Deportivo y Numancia. Y el descenso administrativo solicitado por el club gallego para el Fuenlabrada se desestimó por parte de LaLiga.

El presidente de la competición se responsabilizó personalmente del viaje del Fuenlabrada a A Coruña, por el que tanto LaLiga como el club afrontan una propuesta de sanción de 360.000 euros por parte de la Xunta de Galizia. Sin embargo, la justicia ordinaria gallega ya ha rechazado investigar el viaje como un presunto delito contra la salud pública a iniciativa del ayuntamiento coruñés, aunque abrió diligencias previas en busca de posibles delitos de lesiones o contra los derechos de los trabajadores.

Tanto el instructor de la RFEF como el CSD insisten en que el Fuenlabrada se saltó los protocolos sanitarios, mientras el club madrileño defiende que siguió en todo momento las indicaciones de LaLiga, como reconoció el propio Tebas. Tras detectar posibles positivos durante el fin de semana previo a la disputa del partido, el equipo viajó el lunes a Galicia con el visto bueno de la patronal. Lo hizo después de someter a toda la plantilla a dos test PCR en las 48 horas anteriores, en los que toda la expedición dio negativo. Fue en un último test realizado el lunes antes de volar, cuyos resultados se conocieron una vez el equipo ya se encontraba en A Coruña, cuando emergieron inicialmente seis positivos que finalmente se elevaron hasta 28.