Un café con EuprepioPortavoz de Jueces para la Democracia

Ignacio González Vega: “No se puede pedir a los jueces respuestas políticas”

logo
Ignacio González Vega: “No se puede pedir a los jueces respuestas políticas”
Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia.

Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia. Giulio M. Piantadosi

Resumen:

Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, nos recibe en su casa bajo la conmoción aún de los efectos de la DUI que el Parlament de Cataluña aprobó el pasado viernes. Una declaración sin efecto legal alguno pero que supone la culminación del pulso que los independentistas han mantenido con la democracia española y el Estado de Derecho en los últimos meses. González Vega, un asturiano de firmes convicciones sociales y muy comprometido con los más desfavorecidos, que ingresó en la carrera judicial por vocación, es un abierto partidario del diálogo político, como herramienta de resolución de todos los conflictos, hasta los más enconados. Pero, de igual forma, asegura tajantemente que algunas de las actuaciones de ciertos responsables públicos en las últimas semanas pueden ser ya susceptibles de la acción penal. Y eso, sea cual sea el resultado político final, no se puede parar. Como enfatiza, la Justicia tiene sus tiempos y la política, los suyos.

Pregunta.- ¿La justicia es igual para todos?

Respuesta.- Los jueces tratamos de que sí lo sea. El sistema judicial español recoge un catálogo importante de derechos y libertades y trata de garantizar que la justicia sea igual para todos. Otra cosa es que, en algún caso concreto, pueda producirse alguna situación de desigualdad.

P.-  ¿Cómo ve la salud de la democracia española en lo que tiene que ver con la división de poderes? Porque, por un lado, la corrupción y por el otro el pulso soberanista en Cataluña ha provocado muchas críticas acerca de lo que tiene que ver con la acción de la justicia y la presunta influencia en ella del poder político.

R.- A raíz de la crisis de 2008, los jueces han cobrado un gran protagonismo en la sociedad española. Y ello ha producido un cambio a mejor en la valoración de los españoles hacia sus jueces. Esta valoración siempre fue mala, pero tras la crisis se ha percibido al juez como garante de los derechos ciudadanos, sobre todo de los más vulnerables que fueron los que más sufrieron. Por ejemplo, al luchar por los derechos de los trabajadores, en el ámbito penal, con interpretaciones avanzadas de los derechos y libertades, con especial énfasis en los derechos humanos más que en el aspecto represivo. Pero también en el ámbito civil, en asuntos como los hipotecarios, que tan presentes han estado en estos años. Ha habido un papel proactivo de los jueces en el ámbito de los derechos ciudadanos y eso ha tenido como compensación una buena valoración de la gente.

Dicho lo cual, es cierto que en lo relativo a la corrupción o a Cataluña, hay también un papel muy protagonista de los jueces. Se están substanciando juicios por delitos de corrupción en toda España, se está sentando en el banquillo a gente muy poderosa y se está lanzando el mensaje de que la justicia funciona.

P.- ¿Cómo valora la actuación del Gobierno respecto a Cataluña? Porque se ha criticado al Ejecutivo por dejar a un lado la política para propiciar que haya sido la justicia quien haya abanderado la respuesta.

R.- Hemos llegado a esta situación por la falta de diálogo y por la ‘no política’. De ello son responsables, tanto el Gobierno central como el de Cataluña. No ha habido ese diálogo necesario para buscar una solución política que es inevitable, la única salida. Y sí que ha habido una judicialización de la vida política, que es tan mala como la politización de la justicia. Una vez que hemos llegado a esta situación, eso sí, ha habido ya lamentablemente sucesos que tienen trascendencia penal. Y estamos viendo cómo se están adoptando medidas cautelares contra determinadas personas pero, insisto, era algo que podría haberse evitado si se hubiera dado antes una respuesta política.

P.- ¿Ayuda o perjudica la posibilidad de un diálogo?

R.- El problema es que los tiempos de la justicia no están acordes con los tiempos de la política. A nosotros, a los jueces, se nos demandan respuestas en clave jurídica. No en clave política. Que un juez tenga que tener en consideración las consecuencias políticas de su decisión pues… es el riesgo del Estado de Derecho. Es inevitable que estas decisiones tengan un impacto político, pero, como dice el aforismo latino, dura lex sed lex. La respuesta del juez, insisto, debe ser en clave jurídica. Quien quiera respuestas políticas debe demandarlas ante las autoridades políticas. Los tiempos son distintos y las respuestas pueden ser dispares.

P.- ¿Cómo valora la sentencia de la juez Lamela, con medidas cautelares para los ‘Jordis’ y no para el mayor Trapero?

R.- Se trata de una decisión motivada y que en todo caso puede ser discutible. Hay que tener en cuenta el contexto en el que se produce. Y el contexto es, por un lado, gente con sentimientos encontrados, que no va a entenderlo más que como una forma de represión y por otro, gente del bando contrario, por decirlo así que crean que no ha sido suficientemente dura, porque el mayor Trapero no ha ingresado en prisión, como algunos quieren. Pero es una decisión fundada, muy motivada, discutible eso sí, porque en Derecho todo se puede discutir, no son ciencias exactas. A partir de ahí, debo decir que los jueces en España son independientes e imparciales. Y si hay sospechas de lo contrario, el sistema permite la recusación de los mismos. Y en cuanto a nuestras decisiones también son revisables por parte De un tribunal superior, que lo forman tres jueces. Por tanto, es un sistema lo suficientemente garantista como para despejar toda sospecha de que haya una cierta presión por parte del Gobierno.

P.- ¿Qué pasa por la cabeza de un juez, como Carmen Lamela, desde su propia experiencia, cuándo tiene que tomar una decisión tan importante y tiene todos los focos apuntándole?

R.- Son situaciones complejas. El hecho de estar en la Audiencia Nacional te coloca ya en una posición delicada. Yo creo que la señora Lamela, de la que ni siquiera hay imágenes y me parece muy legítimo como forma de protegerse, es ejemplo de que los jueces en España, en general, son muy celosos de su independencia y muy profesionales.

Esto también hace percibir la diferencia, por ejemplo, con los miembros de un jurado, institución aceptada plenamente y legítima como instrumento muy importante, pero que son más influenciables, por la presión mediática y ciudadana, que los jueces. Nosotros, al ser profesionales, estamos más acostumbrados a la presión.

P.- ¿Qué opina de los jueces estrella? En Italia ha habido ejemplos en las últimas décadas, pero también en España, en casos como el de Baltasar Garzón.

R.- No es bueno. La justicia tiene que tener un papel más discreto. Encarnar en una persona el sistema judicial de un país no es bueno. La justicia, no sólo la forman 5.500 jueces, sino también 140.000 abogados, dos mil y pico fiscales, funcionarios judiciales, miles de policías y guardias civiles…la justicia es mucho más que un solo juez. Aunque a veces, es verdad que los propios medios son los que tratan de, en una sola persona, encarnar la institución.

P.- ¿Qué asignaturas pendientes tiene la justicia española para ser una de las mejores?

R.- Dista mucho de serlo. Por falta de medios y por falta de voluntad política de dotar a España de un sistema judicial eficiente y del siglo XXI. Hay otros países, basta con ver los informes de la Unión Europea o del Consejo de Europa, como los escandinavos, con sistemas mucho más valorados. Los países de sur de Europa tenemos muchos y muy parecidos problemas. Haría falta una voluntad de todos los partidos de buscar un consenso. Como en el caso de la Sanidad o de la Educación. Que no se rigieran por la visión de un solo partido sino buscando el consenso. En el caso de la justicia, no sé si es que no interesa tener un sistema judicial que funcione bien. Un sistema judicial eficiente ofrecería respuestas mucho más rápidas a los ciudadanos. Por ejemplo, en cuestiones laborales. En los juzgados de Sevilla se están produciendo señalamientos … para ¡2020! Hablamos de ciudadanos que han sufrido una primera victimización económica (con su despido) que necesitan una prestación y que, con esto, sufren una segunda victimización.

P.- ¿Qué hacen ustedes para presionar en este sentido para que las cosas cambien? Porque la sensación es que, está muy bien el trabajo de asociaciones como la suya, pero que luego, los resultados no siempre se perciben…

R.- Lo que estamos haciendo es formar un bloque unitario. Hemos elaborado un documento de mínimos, con catorce puntos, en los que reclamamos mejoras en las condiciones profesionales de los jueces, sobre la calidad de la justicia, independencia del poder judicial y otras. Lo hemos presentado al CGPJ, al ministro de Justicia y al Parlamento, y hay un consenso casi unánime entre nosotros. El problema es que, en el caso de la Justicia, hay muchos responsables, y eso hace que las responsabilidades se diluyan. CGPJ, Ministerio, Comunidades Autónomas, Parlamento… y a veces incluso unas culpan a las otras. Pero nosotros queremos negociarlo con el Ministerio. No me gusta hablar de medidas de presión; creo en la negociación y en el diálogo, hasta el final. Para levantarse de una silla hay que tener unos motivos muy poderosos. Estamos en el inicio y esperamos arrancar compromisos. Mejorar la Justicia, que el ciudadano lo perciba, que una demanda no se eternice durante años…

P.- ¿Estamos lejos de tener una Justicia europea?

R.- En ese aspecto se lleva trabajando mucho tiempo, tanto en cooperación judicial como policial, porque hoy por hoy la globalización y la eliminación de fronteras, de la movilidad laboral, ha obligado a ello. También se trabaja desde hace mucho tiempo en una homologación de los tipos penales y del proceso penal.

P.- ¿Muchos problemas, entonces, se eternizan por culpa de los partidos?

R.- Sí. Los partidos políticos, en España y tal vez en otros países, tienen una visión muy cortoplacista de los problemas. Y tratan de dar soluciones en el período de su mandato. No piensan en soluciones a largo plazo, que, además, pueden llegar a ser tal vez impopulares.

P.- Desde un punto de vista político, ¿los nuevos partidos, que ya no lo son tanto, han contribuido a mejorar la Justicia o no se ve aún su impacto?

R.- No. El problema está en que el Parlamento ha empezado a funcionar hace muy poco y el hecho de que Cataluña constituya el foco principal ha motivado que, fuera de eso, la actividad legislativa esté siendo prácticamente nula.