Surgieron mensajes durante todo el sábado de creadores de contenido en Telegram que alertaron de que la orden cautelar de cierre de esta aplicación -levantada el lunes por la Audiencia Nacional- se debía a un intento de censurar la información que difundían. Nada más lejos de la realidad.

De hecho, el proceso judicial lo iniciaron la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audioviduales (EGEDA) y Telefónica al detectar que diferentes canales de Telegram fomentaban el pirateo de los partidos de fútbol de la liga y de la Copa de Europa.

Poco después, se unieron Atresmedia y Mediaset, conscientes de que sus contenidos también se compartían de forma ilícita en esta plataforma.

Según han confirmado a El Independiente fuentes de LaLiga y de Mediapro, estas dos entidades se adhirieron a la demanda el pasado enero tras constatar estos hechos, así como que Telegram no colaboraba a la hora de eliminar estos contenidos de sus canales y de identificar a los usuarios que los difundían.

La orden del juez Pedraz

Lo demás es bien sabido a estas alturas: el juez Santiago Pedraz emitió el pasado viernes la orden de suspender de forma cautelar el servicio de esta aplicación en España y solicitó a las operadoras de telecomunicaciones que impidieran el acceso a los usuarios en España. Es decir, a varios millones de personas.

El magistrado consideró en un primer momento que esta medida era proporcional y adecuada, dado que Telegram no había respondido a las exigencias para identificar a los autores de esas presuntas infracciones de derechos de propiedad intelectual, después de solicitarlo a la sede de la empresa en las Islas Vírgenes.

Este lunes, Pedraz daba marcha atrás y suspendía la medida cautelar que dictó unos días al entender ahora que era excesiva y poco proporcional. También que "tendría un cierto impacto económico para las empresas o sociedades que desarrollan gran parte de su actividad comunicativa a través de esta plataforma de comunicación, puesto que la consideran un canal fiable y seguro contra intervenciones no deseadas", según recoge el auto.

La actitud del juez -por su acción y su rectificación- sorprendía a los propios demandantes. Sea como sea, desde estas empresas expresaban este lunes su confianza en que los propietarios de la plataforma colaboren en lo sucesivo para identificar a los infractores.

No hay censura

Fuentes de los demandantes reiteran que su demanda no surgió de su intención de censurar Telegram, sino que se explica en la indefensión que sintieron ante la imposibilidad de identificar a los usuarios que hacían uso de sus contenidos de forma ilícita.

Ese motivo es precisamente el que llevó a Mediapro -productor de LaLiga- y a la asociación de clubes presidida por Javier Tebas a apoyar a Movistar y a los dos principales grupos de televisión con la demanda, explican los mismos informantes.

Cabe precisar que el propio presidente de LaLiga se pronunció recientemente sobre la piratería después de que el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona admitiera la diligencia preliminar, solicitada por la asociación de clubes, para requerir a las teleoperadoras que faciliten los datos personales de quienes difunden o ayudan a difundir los partidos de fútbol por internet.

"Tan ladrón es el que emite la señal pirata como el que la ve o la compra a precios irrisorios", afirmó.

A continuación, añadió: "Ver contenidos piratas (equivale a) robar (y a ser un) ladrón".