El último informe de fiscalización de la Cuenta General del Estado del Tribunal de Cuentas señala en su contenido un aspecto de vital relevancia para Radiotelevisión Española. Es una caída de sus ingresos que asciende a 84,4 millones de euros y que deriva de la modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual.

Para entender esta cuestión hay que tener en cuenta que RTVE se financia por diferentes vías desde que en 2010 desaparecieron los anuncios de la parrilla de sus diferentes canales.

Las principales son los Presupuestos Generales del Estado y la Tasa Radioeléctrica, pero también percibe ingresos a través de patrocinios deportivos y culturales; y a través de sus competidores. Es decir, los operadores audiovisuales privados.

Hasta que se aprobó la reforma de la Ley Audiovisual, en 2022, una de sus principales fuentes de financiación de RTVE era la aportación de las compañías de telecomunicaciones, que debían destinar a la corporación el 1,5% de sus ingresos brutos en España.

Descenso de los ingresos

La reforma de esta normativa eximió a las telecos de realizar esta aportación a la radio-televisión pública, que en el último ejercicio completo, antes de la aprobación del texto, ascendió a 98,2 millones de euros. A cambio, se obligó a participar en el sostenimiento de la corporación a las plataformas de intercambio de vídeos -como YouTube- y a las de contenido bajo demanda, a sabiendas de que una parte de su actividad no la facturan en España.

Hubo consejeros de administración de RTVE que advirtieron entonces del riesgo para la estabilidad presupuestaria y financiera que implicaba este cambio. De hecho, calcularon que podría implicar una caída de hasta 100 millones de euros en su partida de ingresos.

El golpe ha sido menor de lo previsto, pero ha ascendido a 84,4 millones de euros, según se recoge en un documento aportado recientemente por la corporación al Tribunal de Cuentas, publicado hace unas horas por la entidad fiscalizadora.

Los números, sobre la mesa

"Los ingresos procedentes de las aportaciones de prestadores de servicios de comunicación audiovisual de televisión, los prestadores de intercambio de vídeo y de los prestadores de servicio de agregación de contenido han sido de 75,8 millones de euros, lo que ha supuesto un 16% inferior a lo presupuestado", expresa el documento.

Y añade: "Esta partida de ingresos se ha reducido en 84,4 millones respecto al ejercicio anterior, cuya cifra total ascendió a 160,2 millones, debido principalmente a la eliminación de las aportaciones de los operadores de telecomunicaciones (98,3), compensada parcialmente por los nuevos prestadores obligados al pago".

A continuación, reconoce algo que ya advirtieron los consejeros críticos de RTVE, y es que la recaudación percibida por la corporación en este concepto fue inferior a lo esperado.

Este fenómeno -apuntan fuentes internas- tiene una derivada relevante, y es que hace a la televisión pública más dependiente del Gobierno, dado que es quien se ve obligado a compensar el déficit de ingresos que le provoca esta situación.

Lo hace, evidentemente, a través de los Presupuestos Generales del Estado, lo cual implica una mayor carga para las arcas públicas y deja a RTVE todavía más al albur de los vientos que soplen en el Ejecutivo y en el legislativo, lo que en otras etapas la ha desestabilizado.

Otras partidas

El documento recabado por el Tribunal de Cuentas incide en que RTVE cerró el ejercicio 2023 con un resultado negativo de 4,3 millones de euros y una ejecución del gasto de 1.145,5 millones de euros, lo que supone un 4,1% por debajo del presupuesto de gastos.

Su endeudamiento se redujo en 3,3 millones de euros respecto a la cifra con la que se inició el ejercicio (de 247,4 millones a 244,1 millones de euros).

Sus ingresos totales ascendieron a 1.141,2 millones de euros. Fueron el 3,3% superiores, pese al 'agujero' generado por las compañías de telecomunicaciones, dado que se compensaron con fondos públicos. En concreto, con 46,7 millones de euros adicionales procedentes de los Presupuestos y con un incremento de la partida que recibe de la Tasa Radioeléctrica de 68,5 millones.