El Ayuntamiento de una población navarra ha ordenado la clausura inmediata de un centro de acogida para mascotas que operaba en una vivienda particular. La residencia carecía tanto de la licencia de actividad necesaria como de la inscripción obligatoria en el registro de núcleos zoológicos de Navarra.

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Según Europa Press, la medida se tomó a raíz de una denuncia ciudadana que movilizó al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil. Tras una inspección en el inmueble, los agentes confirmaron la existencia de serias irregularidades y graves carencias en las instalaciones.

Durante la intervención, una patrulla del SEPRONA localizó varios perros en el domicilio. También se confirmó la muerte de un animal debido a la agresión de otro, y además, un cuidador resultó herido por una mordedura.

El informe elaborado por la Guardia Civil fue la base para que el consistorio local pudiera proceder a cerrar la actividad de forma definitiva e imponer una sanción económica a la persona responsable. Dos de los perros que se encontraban en la residencia fueron trasladados al Centro de Atención de Animales del Ayuntamiento de Pamplona para su cuidado.

La Guardia Civil indicó las comprobaciones revelaron fallos como la falta de documentación reglamentaria, ausencia de un servicio veterinario responsable y de personal cualificado, además de la incompatibilidad urbanística, ya que una guardería de este tipo no puede establecerse en una vivienda de zona residencial. A pesar de todo, el servicio se ofrecía activamente a través de internet y redes sociales.

La normativa local, de protección animal y de impacto ambiental exige una licencia municipal, el registro como núcleo zoológico y la implementación de protocolos rigurosos de bienestar y control sanitario. Ninguno de estos requisitos se cumplía en este caso.

En la actuación colaboraron activamente el Ayuntamiento de Pamplona, la Guardia Civil (SEPRONA) y el gobierno municipal de la localidad afectada.

En resumen, ante la evidencia de la ilegalidad de la actividad —falta de licencias, ausencia de registro, graves deficiencias en bienestar y el uso urbanístico indebido—, el ayuntamiento competente decidió poner fin a la operación de la residencia mediante su clausura y la imposición de la correspondiente multa.

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