La Policía Nacional ha desmantelado en Jerez de la Frontera (Cádiz) una organización criminal dedicada a facilitar la inmigración irregular mediante empadronamientos falsos y cartas de invitación fraudulentas, según confirmaron fuentes policiales este martes 27 de mayo de 2025. 

Según informa Europa Press, la operación, coordinada por el Grupo de Extranjería de la Comisaría Provincial de Cádiz, ha resultado en cinco detenciones en distintas provincias españolas —Cádiz, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria— y la identificación de al menos 19 casos de falsificación documental.

La trama operaba desde dos domicilios en Jerez, donde realizaba empadronamientos ficticios mediante contratos de arrendamiento falsificados, incluso en viviendas declaradas inhabitables. Estos trámites permitían a los beneficiarios —ciudadanos extracomunitarios sin visado— acceder a certificados de residencia, ayudas sociales y servicios públicos, eludiendo los controles migratorios. Además, la organización emitía cartas de invitación para facilitar la entrada legal de personas que posteriormente sobrepasaban los plazos de estancia autorizados.

La estructura contaba con roles jerarquizados: desde los gestores de los trámites —que cobraban entre 300 y 500 euros por servicio— hasta colaboradores logísticos que acompañaban a los inmigrantes a dependencias municipales. 

Destaca la implicación de un abogado presuntamente involucrado en la falsificación de contratos de arrendamiento, lo que añadía un aura de legitimidad a las operaciones. Los pagos se realizaban mediante transferencias bancarias y plataformas digitales, lo que permitió a los investigadores rastrear el flujo financiero.

La pesquisa comenzó en junio de 2024 tras una denuncia por estafa: un ciudadano pagó una suma considerable por trámites de extranjería que nunca se materializaron. 

Este caso se enmarca en un patrón recurrente detectado en España, donde redes similares han sido desarticuladas en ciudades como Algeciras y Barcelona. En estas últimas, se registraron hasta 15 personas empadronadas en viviendas de 25 m², evidenciando la escala del problema.

Las autoridades subrayan que, aunque el empadronamiento facilita el acceso a servicios básicos, no regulariza la situación administrativa de los inmigrantes irregulares, quienes siguen excluidos de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital. No obstante, la explotación de este vacío legal por parte de las mafias representa un desafío para los sistemas de control, según admitió un portavoz de la operación.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez supervisa las diligencias, que permanecen abiertas con citaciones pendientes para otros implicados. La Policía Nacional ha reiterado su compromiso de combatir estas redes, que no solo vulneran la ley, sino que exponen a los migrantes a situaciones de explotación laboral y económica. Este caso refuerza la necesidad de ampliar los controles sobre empresas y particulares que realizan transacciones atípicas, un área donde la inteligencia financiera se ha vuelto clave.